Esta semana partió con el acuerdo entre el Gobierno y el oficialismo de “congelar” la discusión de la reforma constitucional de seguridad, tras varias semanas de desencuentros al interior de la coalición gobernante.
La Segpres, liderada por José García Ruminot, bajó la urgencia del proyecto de suma a simple —un plazo de 30 días— para habilitar su tramitación en la Comisión de Constitución del Senado. Ahí, aunque el oficialismo no tiene los votos, están presentes el senador Pedro Araya (PPD), que preside la instancia y se ha mostrado abierto a un eventual acuerdo, y la presidenta del PS, Paulina Vodanovic, identificada en La Moneda como un posible nexo hacia la centroizquierda.
El problema es que, a la fecha, el proyecto no tiene un futuro definido.
El Gobierno insiste en que está abierto a introducir cambios, pero no ha presentado una propuesta concreta. Lo único que ha delineado son las “líneas rojas”: no entregar el nuevo estado de excepción, tal como se lo han pedido desde la oposición y desde sectores del propio oficialismo.
El propio presidente Kast lo ratificó el lunes en radio Cooperativa: “Si usted me dice si es renunciable o no, para nosotros no es renunciable, pero entendemos que el debate legislativo puede hacerle modificaciones”, aseguró el mandatario.
En ese escenario, tampoco han fructificado los intentos de ciertos parlamentarios por viabilizar la reforma.
Paulina Núñez, presidenta del Senado, impulsó un acercamiento con el Socialismo Democrático —contactó directamente a Vodanovic y a Araya— para mantener con vida la iniciativa. Sin embargo, según indican fuentes de RN, el propio comité del partido frenó esa gestión, al considerar que ese diseño se aleja de la fórmula que ha planteado el Gobierno, un entendimiento construido dentro de la Comisión de Constitución.
Otra traba de corto plazo es que la fórmula del Ejecutivo de delegar en los senadores Andrés Longton y Arturo Squella —los dos únicos oficialistas en la comisión— la responsabilidad de presentar indicaciones choca con la disposición de otros parlamentarios de gobierno, que exigen que sea el propio Ejecutivo quien lidere la conversación antes de que existan cambios formales al texto. “Sin acuerdo, no se van a presentar indicaciones”, resumen en el oficialismo.
En paralelo, dentro de Chile Vamos gana adhesión la idea —promovida por la propia Núñez— de no crear una nueva figura constitucional y, en cambio, reforzar el actual estado de emergencia. “Se puede perfectamente reforzar el actual estado de emergencia, no crear un quinto”, planteó la senadora RN esta semana.
Es, además, la fórmula que más cerca está de lo que pide la oposición: el senador PPD Ricardo Celis, por ejemplo, señaló a EL DÍNAMO que “no es necesario un nuevo estado de excepción constitucional” y que “con el estado de excepción que existe hoy, más la regla de uso de la fuerza, es suficiente para tener un adecuado control en la materia”. Pese a esa convergencia, La Moneda se resiste a esa fórmula.
En el oficialismo preocupa, además, el poco liderazgo que ha mostrado Arrau en la reforma.
El ministro no ha presentado una hoja de ruta pública para llegar a los 29 votos que la iniciativa necesita en el Senado. Por el contrario, remarcan en el oficialismo, se ha dedicado más bien a reducir el margen de negociación. Pese a las críticas cruzadas —el senador Longton apuntó a “falta de rigurosidad técnica” en la redacción, y Araya acusó el uso de un chatbot de IA para copiar legislación extranjera—, Arrau asumió personalmente la autoría del texto sin ceder en el punto del nuevo estado de excepción y las amplias facultades que se le entregarían al presidente de turno.
Consultados esta semana sobre si habrían apoyado una reforma equivalente presentada por un eventual gobierno de Jeannette Jara (PC), tanto Squella como Vial reconocieron que no. “Por supuesto que no”, respondió el presidente de Republicanos en el programa Influyentes de CNN.
Según fuentes de RN, ambas declaraciones —hechas por los senadores que más han defendido el proyecto— se leen puertas adentro como una suerte de prueba irrefutable de que la reforma, tal como está hoy, es inviable.
