El martes pasado, la Sala del Senado estaba citada para la votación en particular del proyecto de Sala Cuna Universal —boletín 14.782-13—. Es una reforma que transforma el actual beneficio, hoy limitado a empresas con veinte o más trabajadoras, en un derecho universal para hombres y mujeres, dependientes e independientes. La iniciativa crea un Fondo Solidario de Sala Cuna financiado con una cotización del 0,35% de las remuneraciones, compensada con una rebaja equivalente en el Seguro de Cesantía para no encarecer la contratación. Tras años de tramitación y con urgencia de discusión inmediata, esa tarde debían resolverse las discrepancias. El proyecto no fue despachado a la Cámara.
En plena discusión del articulado, un grupo de personas ubicado en las tribunas comenzó a gritar consignas e interrumpir reiteradamente las intervenciones de los senadores, al punto que el senador Enrique Lee debió detener su discurso una y otra vez. La situación escaló hasta que la presidenta del Senado, Paulina Núñez, activó los timbres del recinto, ordenó desalojar las tribunas y postergó para el próximo martes, la discusión del proyecto.
Lo relevante no es solo el bochornoso episodio de una sesión suspendida a gritos. Según reportó La Tercera, quienes protagonizaron las manifestaciones fueron invitadas a la tribuna por el senador Daniel Núñez (PC). No se trató, entonces, de ciudadanos que llegaron por su cuenta a observar el trabajo legislativo, sino de un contingente invitado por un senador.
Ahí está el punto que merece más atención de la que ha recibido. El Reglamento del Senado sanciona a quien grita desde la tribuna: su artículo 23 faculta al presidente de la Corporación para despejar las tribunas cuando el público desobedezca la advertencia de no hacer ruidos, e incluso para “poner a disposición de la justicia al individuo que promueva desórdenes en cualquier lugar del recinto”. Lo que no contempla es una sanción para quien coordinó esa entrada y presencia de un contingente en la tribuna durante la discusión. El Reglamento, en los hechos, castiga a quien grita, pero no responsabiliza al que propició esa maniobra.
Nada de esto pone en duda el derecho a manifestarse ni el legítimo interés de las trabajadoras de jardines infantiles en un proyecto que las afecta directamente. El problema no es que protesten: es que lo hagan dentro del recinto donde se legisla. El costo, además, no es solo simbólico: la sesión se suspendió, las votaciones quedaron postergadas y con ellas el avance de un proyecto que busca aliviar la carga de miles de familias trabajadoras.
Cerrar las tribunas a todo el público, como anunció la presidenta Núñez para la próxima sesión, si bien es una solución reglamentaria, deja intacto el problema de fondo. La invitación y manifestación de barras bravas en instancias legislativas son una herramienta efectiva para suspender debates sin consecuencias directas para el parlamentario que los invitó y que, por ende, debiera responder por sus invitados.
