La Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) solicitó al Ministerio de Seguridad gestionar ante el Ministerio Público la designación de un fiscal con dedicación exclusiva para investigar las amenazas que han recibido distintos alcaldes.
La petición surgió durante una reunión entre el ministro Martín Arrau y el directorio de la organización.
El encuentro estuvo marcado por el caso del alcalde de San Bernardo, Cristopher White, luego de que antecedentes obtenidos tras la recaptura de Juan Flores Valenzuela, conocido como “Indio Juan”, revelaran un plan para atentar contra su vida.
El presidente de la ACHM, Gustavo Alessandri, calificó la situación como un “atentado contra el Estado de derecho. Le hemos solicitado que nos ayude con el Ministerio Público para tener un fiscal de dedicación exclusiva a las amenazas que estamos viviéndolas personas que tenemos un cargo público y que somos elegidos democráticamente”, sostuvo.
Como parte de los acuerdos, la ACHM y el Ministerio de Seguridad conformarán un equipo conjunto para desarrollar una “mesa de inteligencia”, utilizando información proveniente de los municipios para anticiparse a las acciones delictuales.
Alessandri explicó que el objetivo será “quitarle espacio en los territorios al narcotráfico, al crimen organizado, al sicariato”. Además, afirmó que “esta guerra la estamos perdiendo”.
La alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, sostuvo que la reunión representa un “respaldo transversal” a White y advirtió sobre el impacto que tendría un ataque contra una autoridad electa.
“Si nos matan un alcalde, está en juego la democracia, hemos perdido la democracia. Esto no ha sido una simple amenaza, esto es un plan para asesinar un alcalde que ha recuperado territorio, que le ha dado la pelea a los ambulantes y creo que no hay que naturalizar que entre bandas se estén matando, porque eso también es un problema de no llegar a tiempo”.
Junto con solicitar el fiscal especial, ambas entidades acordaron convertir el conocimiento municipal en inteligencia territorial y elaborar, dentro de 30 días, propuestas para recuperar espacios públicos afectados por el narcotráfico.
