Sabemos que los jóvenes y desempleados estarían mejor si aparecen oportunidades y que éstas escasean en un país estancado, creciendo al 1,5%. Para un crecimiento del 4% se necesita subir la inversión en cinco puntos del PIB. Por ahí hay que llegar para lograr algo solido para ellos. Lo dicen comisiones, lo repiten en seminarios, lo escriben como una meta limpia, redonda. El problema es que un número así no es un decreto: se construye, se financia y, sobre todo, se permite. Y ahí es donde la cuestión se puede seguir enredando.
Hagamos el ejercicio: con un PIB nominal que este año bordea los US$400.000 millones, cinco puntos son cerca de US$20.000 millones adicionales de inversión, cada año, de manera sostenida. No una vez. Cada año. Eso equivale, aproximadamente, a duplicar el gasto anual en toda la infraestructura pública del país, o a levantar tres o cuatro proyectos mineros de clase mundial por año, de forma indefinida. Una cifra así tiene una restricción de ingeniería financiera que exige activos reales, no puros comunicados ni decretos.
Y aquí llega el segundo problema, más incómodo que el primero: esa inversión necesita un lugar donde aterrizar. No basta con “más inversión” en abstracto. Se necesita tecnología, capital y recursos aplicados a un sector concreto, con capacidad de absorber esos veinte mil millones sin generar una burbuja ni un cuello de botella de mano de obra calificada, energía o agua. La economía no invierte en el aire. Invierte en tubos, motores, plantas de proceso, líneas de transmisión, puertos. Se necesita una dimensión material donde ese capital tenga sentido productivo, no solo contable. Lo que cambia con la inversión es que el gasto trae multiplicadores, los números pasan por varias ampliaciones.
Los economistas —y los políticos que los citan cuando conviene— tienden a resolver preguntas sobre el estancamiento con la caja de herramientas donde su mirada, especialmente si es colectivista o anti capital, soluciona todo con demanda agregada, impulso fiscal, ajustes tributarios, letra chica del gasto público. Son piezas legítimas del rompecabezas, nadie lo niega. Pero confunden el motor con la carrocería. Aterrizando, la demanda agregada no construye una faena minera; el gasto fiscal no perfora un rajo ni instala una planta de electrólisis. Esas son palancas de corto plazo, útiles para amortiguar ciclos, pero inútiles para generar cinco puntos de PIB en inversión productiva sostenida. El motor real, el que ya existe, financiado, diseñado y con demanda internacional garantizada, se llama minería.
Cobre y oro. No es una apuesta ideológica: es la única industria chilena que hoy tiene, simultáneamente, empresas con capital disponible, tecnología probada, mercado y escala suficiente para mover la aguja macro en el plazo que la meta política exige.
El registro es que el motor está apagado por problemas de escritorio, no por falta de capital ni de voluntad privada. Hay proyectos de cobre y oro por más de US$110.000 millones — viviendo entre carpetas, dictámenes y “observaciones”— atrapados en un sistema de permisos que no fue diseñado para procesar volúmenes de esta magnitud en tiempos razonables. Empresas que ya hicieron el estudio de impacto ambiental, que ya comprometieron ingeniería de detalle, que ya tienen financiamiento estructurado, esperan hasta una década por firmas que no cuestionan la viabilidad técnica del proyecto, sino que administran un cuello de botella burocrático. Es la paradoja más cara de la economía chilena: la meta de inversión existe, el capital existe, el proyecto existe. Lo que falta son las firmas. Las firmas son problemas de escritorio. Legales, ambientales, sociales dirán los gripps de trincheras. Esotéricos podrán decir los místicos anticrecimiento.
