Entre todas las sorpresas que ofrece hoy el panorama político mexicano, una que me llamó la atención durante una reciente visita fue la llamada “Ley antimemes, que promueve la presidenta Claudia Sheinbaum para castigar posibles parodias y contenidos digitales críticos que utilicen la identidad gráfica oficial.
Las penas de cárcel van de uno a cinco años y las multas oscilan entre los 6,3 millones y los 63 millones de pesos chilenos. Sheinbaum ha insistido en que la iniciativa tiene como propósito evitar el uso comercial de imágenes y logos de instituciones públicas para inducir al error o al engaño con la intención de cometer un ilícito. “No hay sanción a memes. ¿Qué se sanciona? Que salga la presidenta en un video utilizando inteligencia artificial para falsear, incluso con mi voz, para hacer un fraude”, explicó.
Aprobada ya por el Senado, de ser ratificada por la Cámara de Diputados, la norma situaría a México más cerca de países como Rusia, China, Nicaragua, Cuba, Venezuela, Irán, Arabia Saudita y Zimbabue, entre otros, que castigan contenidos digitales antigubernamentales.
La oposición y especialistas la ven como un riesgo para la libertad de expresión, por su ambigüedad, y como un intento más del partido izquierdista Morena por controlar el espacio comunicacional, repitiendo y actualizando fórmulas de censura del Partido Revolucionario Institucional, que gobernó ese país entre 1929 y 2000 bajo un esquema que Mario Vargas Llosa bautizó como la “dictadura perfecta”. Es decir, una democracia en la forma, pero un autoritarismo de fondo, donde el humor político directo era imposible y solo se podía “cantinflear” para criticar.
Desde que Morena llegó al poder con Andrés Manuel López Obrador en 2018 se impusieron las “mañaneras”, conferencias matutinas diarias donde el presidente fijaba la agenda mediática, promoviendo sus ideas y denostando a sus opositores. Su delfín y sucesora mantuvo esa práctica, que se lanzó en aras de la “transparencia”, pero no de cualquier tipo, sino de una dirigida desde el Palacio Nacional.
López Obrador fue el mismo que impulsó la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), órgano autónomo que fue esencial para consolidar la democracia competitiva. Gracias a distintas solicitudes que se cursaron ante el INAI se destaparon escándalos de corrupción de varios gobiernos y se conocieron expedientes de masacres cometidas en medio de la guerra contra el narcotráfico, que ha dejado cientos de miles de muertos y desaparecidos. A Sheinbaum le tocó finiquitar la institución y traspasar sus competencias a una secretaría. Adiós autonomía.
Otra iniciativa reciente que también despierta controversia es la enmienda constitucional que aprobó el Congreso, dominado por el oficialismo, para incluir como causal de nulidad de elecciones los “actos de intervención o injerencia extranjera que influyan en los resultados”.
Sus detractores afirman que, bajo este concepto, un artículo en un medio extranjero, una declaración de un funcionario de otro país o el informe de una ONG internacional podrían servir de excusa para anular el desenlace de una votación. Arturo Sarukhan, exembajador en Estados Unidos, afirmó en Americas Quarterly que se trata de una de “las leyes más retrógradas en la joven historia democrática de México”.
Esta medida contra la posible interferencia extranjera surgió, además, en un contexto donde la verdadera preocupación debería ser la injerencia del narcotráfico local en las campañas políticas, que en junio del próximo año desembocarán en la elección de 19.600 cargos públicos, desde diputados y gobernadores hasta concejales. Los casos de alcaldes descubiertos trabajando para el crimen organizado se han vuelto hoy peligrosamente habituales.
Como se puede observar, no hay mucho de qué reírse estos días en México. Pero si algo tienen en común las normas “antimemes” y la que apunta contra la intervención extranjera (que ni siquiera tiene reglas para aplicarla) es la vaguedad con que describen las conductas que castigan, lo que se presta para toda clase de interpretaciones amañadas. Aunque no hay registros fidedignos, a Benito Juárez se le atribuye la frase “a los amigos, justicia y gracia; a los enemigos, la ley a secas”. Lo que podría dar hoy para un meme… o mejor no.
