Chile dio un paso importante en la discusión sobre inteligencia artificial. El pasado 26 de octubre de 2026, la Comisión de Desafíos del Futuro del Senado aprobó en general el proyecto de ley que regula los sistemas de inteligencia artificial, correspondiente a los boletines N.º 15.869-19 y N.º 16.821-19, refundidos.
Este hecho es relevante, pues después de meses de incertidumbre sobre las indicaciones y propuestas del Ejecutivo, el proyecto registra un avance concreto en su segundo trámite constitucional. Sin embargo, sería un error confundir esta aprobación con la existencia de una regulación definitiva.
La aprobación en general expresa respaldo a la idea de legislar, lo que no significa que el articulado esté resuelto, que exista consenso sobre sus obligaciones o que Chile cuente ya con una nueva ley de inteligencia artificial. La discusión de fondo entra ahora en una etapa decisiva.
Una aprobación que no elimina las interrogantes
Según los antecedentes legislativos conocidos, el Ministerio de Ciencia había anunciado la presentación de una nueva propuesta para fines de septiembre. Sin embargo, esta no se materializó dentro de ese plazo.
En la sesión del 26 de octubre, la comisión aprobó en general el proyecto de ley presentado anteriormente por el Ejecutivo, mientras esperaba la propuesta de la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao. El siguiente paso será avanzar hacia la discusión en particular, para la cual se propuso el 4 de diciembre de 2026 como plazo para presentar indicaciones, fecha que aún requiere la ratificación de la Sala del Senado.
Este calendario revela una tensión que Chile no puede seguir ignorando: mientras la inteligencia artificial evoluciona aceleradamente, nuestro sistema institucional necesita meses para definir qué reglas pretende establecer. No se trata de cuestionar la deliberación democrática, sino de reconocer que una materia con consecuencias sobre derechos fundamentales, innovación, empleo y desarrollo científico requiere un debate riguroso y oportuno.
Pero deliberar no puede convertirse en sinónimo de postergar indefinidamente las decisiones. La aprobación en general es una señal política positiva, aunque la verdadera prueba vendrá cuando corresponda resolver los aspectos más complejos del proyecto.
El desafío no es regular más, sino regular mejor
La inteligencia artificial ya está presente en procesos de selección de personal, atención de usuarios, investigación científica, educación, análisis jurídico y gestión pública. Su utilización plantea riesgos reales, tales como la discriminación algorítmica, el tratamiento indebido de datos personales, la falta de transparencia y las decisiones automatizadas difíciles de explicar o impugnar.
Pero también ofrece oportunidades extraordinarias para mejorar servicios, aumentar la productividad y fortalecer las capacidades de investigación.
Por eso, una legislación responsable debe evitar dos extremos: la ausencia de controles y la sobrerregulación. No tiene sentido imponer las mismas obligaciones a una herramienta de apoyo administrativo, a un proyecto universitario de investigación y a un sistema automatizado que determina el acceso de una persona a prestaciones esenciales.
El principio orientador debe ser la proporcionalidad: mayores exigencias para aplicaciones de mayor riesgo, sin imponer barreras innecesarias a usos de menor impacto. Esta distinción será fundamental durante la discusión en particular del proyecto.
Las universidades no pueden quedar fuera del debate
Uno de los espacios donde la inteligencia artificial ya está produciendo transformaciones profundas es la educación superior. Las universidades utilizan estas tecnologías para apoyar la docencia, desarrollar investigación, optimizar procesos administrativos y explorar nuevas metodologías de aprendizaje.
Al mismo tiempo, enfrentan preguntas complejas sobre integridad académica, privacidad, propiedad intelectual, transparencia y responsabilidad institucional.
Una futura regulación deberá reconocer que las universidades no son únicamente usuarias de inteligencia artificial, sino también espacios de desarrollo tecnológico, producción de conocimiento y formación de los profesionales que deberán gobernar estas herramientas.
Imponer obligaciones sin distinguir entre investigación científica, experimentación académica y sistemas que afectan derechos individuales podría perjudicar precisamente a las instituciones que Chile necesita fortalecer.
Pero tampoco corresponde conceder excepciones indiscriminadas, pues cuando una universidad utiliza algoritmos para apoyar decisiones de admisión, evaluación o asignación de beneficios, debe garantizar transparencia, supervisión humana y mecanismos efectivos de revisión.
La autonomía institucional y la protección de derechos no son objetivos incompatibles.
Europa es una referencia, no una solución automática
El Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial ofrece una experiencia relevante por su enfoque basado en riesgos y sus obligaciones diferenciadas. Sin embargo, Chile debe resistir la tentación de reproducir modelos extranjeros sin considerar sus propias capacidades institucionales.
La Unión Europea dispone de un ecosistema regulatorio, recursos técnicos y estructuras de fiscalización que no necesariamente pueden trasladarse de manera directa a nuestra realidad.
Una legislación chilena efectiva requiere claridad sobre quién fiscalizará, qué competencias tendrá la autoridad, cómo se aplicarán las sanciones y qué recursos necesitarán las instituciones para cumplir. También debe articularse coherentemente con las normas sobre protección de datos personales, ciberseguridad, responsabilidad y derechos fundamentales.
De lo contrario, podríamos terminar con una ley ambiciosa en sus declaraciones, pero débil en su aplicación.
El próximo desafío: definir las reglas de la inteligencia artificial
La próxima etapa de tramitación representa una oportunidad para mejorar el proyecto, pues será el momento de discutir con precisión las definiciones, los sistemas de alto riesgo, las obligaciones de transparencia, los mecanismos de fiscalización, las sanciones y las condiciones aplicables a la investigación y al desarrollo tecnológico.
La propuesta de establecer el 4 de diciembre como plazo para presentar indicaciones, pendiente de ratificación por la Sala del Senado, permite dimensionar la importancia de las próximas semanas para el debate legislativo.
También será una oportunidad para que universidades, centros de investigación, empresas, organizaciones sociales y especialistas jurídicos participen activamente.
El debate no debería limitarse a una disputa entre autoridades políticas ni a una competencia entre quienes desean acelerar o restringir la tecnología. La pregunta relevante es qué modelo de gobernanza permitirá a Chile proteger a las personas y, simultáneamente, desarrollar capacidades propias en inteligencia artificial.
Porque una regulación que desalienta la innovación puede resultar tan perjudicial como una que ignora sus riesgos.
La verdadera urgencia es construir certezas
La aprobación en general del 26 de octubre merece ser reconocida como un avance. Pero no puede presentarse como el final del problema, pues el proyecto continúa en tramitación y sus disposiciones definitivas todavía deberán ser discutidas.
Mientras tanto, las instituciones chilenas siguen adoptando decisiones tecnológicas que no pueden esperar a la publicación de una futura ley. Por eso, el país necesita algo más que una norma: requiere capacidades técnicas, criterios de gobernanza, formación especializada y una política pública de largo plazo.
La inteligencia artificial no se gobernará únicamente mediante prohibiciones o sanciones. Se gobernará también mediante instituciones capaces de comprenderla, evaluarla y exigir responsabilidades por su utilización.
Chile avanzó un paso el 26 de octubre. El desafío ahora es que ese paso se traduzca en una legislación técnicamente sólida, jurídicamente coherente y efectivamente aplicable.
Porque en inteligencia artificial, llegar tarde también tiene consecuencias.
