Las 56 rebajas de condena a sentenciados por delitos sexuales contra menores son un asunto grave y el Gobierno ha debido hacerse cargo: suspendió la tramitación de nuevos decretos e ingresó un proyecto que modifica la Ley 19.856. La indignación de las familias es legítima y merece respuesta. Pero una cosa es acompañar el dolor de las víctimas y otra, muy distinta, convertirlo en pancarta.
Eso fue lo que ocurrió el martes en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos. Al iniciarse la discusión de la partida de Justicia, parlamentarios de oposición instalaron en sus pupitres carteles con las consignas “Renuncia Rabat” y “Fuera Rabat”; hubo gritos, interrupciones y el senador Javier Macaya debió llamar al orden. La senadora Yasna Provoste fue más lejos: anunció que votaría en contra del presupuesto de Justicia mientras el ministro permaneciera en el cargo.
El gesto puede rendir en redes sociales, pero el argumento no resiste análisis. La partida de Justicia no financia a un ministro: financia a Gendarmería, al Registro Civil, al Servicio Médico Legal y a las corporaciones de asistencia judicial, entra otras instituciones. Castigar el presupuesto para golpear a una autoridad es, en los hechos, castigar a quienes se dice proteger. Son carriles separados. Para perseguir responsabilidades políticas existen la interpelación y la acusación constitucional; sin embargo, la oposición mantiene esta última sin fecha de ingreso, pese al emplazamiento del Presidente a presentarla.
La misma duda surge en la Comisión de Constitución de la Cámara. Ese martes se aprobó en general, por diez votos contra uno, una reforma constitucional para impedir que condenados por delitos sexuales contra menores accedan a rebajas de condena mediante normas anteriores más favorables. El único voto en contra fue del diputado comunista Marcos Barraza. Quienes exigen soluciones con carteles no siempre las acompañan con su voto.
Algo similar ocurre con los movimientos feministas. Esta semana, cientos de mujeres volvieron a entonar “Un violador en tu camino” frente a La Moneda y en varias ciudades del país. Nadie discute su derecho a manifestarse; lo llamativo es el contraste. La calle, en silencio durante cuatro años de escándalos del gobierno anterior, se reactivó apenas cambió el inquilino de Palacio.
El problema de la indignación selectiva es que termina perjudicando a quienes dice defender. Cuando la reacción depende de quién gobierna, el dolor de las víctimas se transforma en un activo partidario y la ciudadanía aprende a descontarlo. A los niños no les sirven carteles sobre un pupitre, sino leyes que cierren las grietas que la Ley 19.856 arrastra desde 2003. Ahí está el verdadero examen.
