Las recientes declaraciones de los ministros de Hacienda y Economía sobre el gobierno corporativo de Codelco reabren una discusión pendiente. Tras años incorporando directores independientes y perfeccionando su supervisión, los resultados siguen siendo insatisfactorios. Se plantea ahora que hacen falta más especialistas mineros. Discrepo: el problema de fondo no está en los directores, sino en el dueño.
El Estado no es un accionista como cualquier otro. Cambia sus prioridades con cada gobierno, enfrenta objetivos políticos que pueden contradecir la rentabilidad y no tiene un propietario que arriesgue su patrimonio. Codelco, en cambio, necesita disciplina financiera, decisiones técnicas oportunas y una visión de décadas. Cambiar directores no resuelve esa contradicción.
Además, la discusión suele omitir una pregunta esencial: ¿cuánto ganaría Chile si Codelco fuera privada? No basta con observar los excedentes que hoy entrega al fisco. La evaluación debe considerar el valor de vender la empresa, el potencial de crecimiento de sus operaciones y los ingresos fiscales que seguiría generando.
Primero, la privatización aportaría recursos significativos por la venta de activos y participaciones. Esos fondos podrían reducir deuda o financiar inversiones. Segundo, la entrada de capital y gestión privados permitiría desarrollar con mayor rapidez proyectos estructurales que hoy enfrentan restricciones financieras y dificultades de ejecución. Más inversión, mayor producción y menores costos significan más valor económico. Tercero, aunque dejara de ser propietaria, la nación seguiría recibiendo impuestos y royalty minero sobre la actividad, también sobre la producción adicional.
Por supuesto, no sería correcto sumar esos flujos sin descontar los excedentes que el Estado dejaría de percibir ni contar dos veces los mismos beneficios. Hay que comparar en valor presente: cuánto recibe Chile manteniendo Codelco estatal frente a cuánto obtendría con una venta competitiva y el desarrollo posterior de sus yacimientos. Mi convicción es que la segunda opción podría ser considerablemente superior.
Tampoco propongo vender todo de una vez. Empezaría por separar los proyectos y activos que puedan desarrollarse mediante asociaciones con terceros, licitando participaciones que incorporen capital, experiencia y capacidad de ejecución. Solo después abordaría la privatización de la empresa residual, con la venta de al menos un 50,1% o, preferentemente, el 100%. Si la participación privada fuera minoritaria, habría que otorgarle control; de otro modo, persistiría el mismo problema.
Este proceso exigiría reformas legales y constitucionales, valorizaciones y licitaciones transparentes. No se trata de liquidar patrimonio público a cualquier precio, sino de maximizar el valor que ese patrimonio genera para todos los chilenos.
La nacionalización tuvo su contexto histórico. Hoy la pregunta no debiera ser si el Estado conserva el título de propiedad, sino si los ciudadanos obtienen el mayor beneficio posible de sus recursos minerales. La propiedad estatal no es sinónimo de interés nacional.
