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Cuando derogar no es suficiente

Resulta difícil de explicar que, en pleno siglo XXI, Chile todavía no cuente con una judicatura especializada que controle de manera permanente la ejecución de las condenas, resuelva las controversias que surgen durante su cumplimiento y garantice que las decisiones que afectan la libertad de las personas se adopten con criterios jurídicos claros y bajo control jurisdiccional.

AGENCIA UNO

El Gobierno anunció hace algunos días la suspensión de la tramitación de los decretos que otorgaban rebajas de condena a cientos de personas privadas de libertad. Ahora, además, anunció que impulsará la derogación de la ley que contempla este beneficio, con el propósito de evitar que situaciones similares vuelvan a producirse.

Lamentablemente, después de varias semanas en que esta controversia no ha dejado de ocupar la agenda pública, el Ejecutivo parece haber optado por una estrategia de “todo o nada”. Y eso constituye un error, no solo desde el punto de vista jurídico, sino también desde una perspectiva práctica y penitenciaria.

En primer lugar, porque derogar la ley no significa que las solicitudes de rebaja de condena vayan a desaparecer. Quienes cometieron delitos mientras la normativa se encontraba vigente podrían seguir invocándola, incluso si esta deja de regir en el futuro. Se conoce como ultractividad de la ley penal, que es la posibilidad de aplicar una norma que ya no está vigente cuando, por las reglas de aplicación temporal, corresponde reconocer sus efectos favorables respecto de hechos anteriores.

En nuestro ordenamiento, este principio se relaciona directamente con la garantía de irretroactividad de la ley penal desfavorable y con la aplicación de la ley más favorable. Por lo mismo, una derogación no tiene la capacidad de borrar automáticamente las consecuencias jurídicas de una normativa que estuvo vigente al momento de producirse los hechos que motivaron la condena.

En segundo lugar, suspender la tramitación de los decretos tampoco hace desaparecer el problema. Lo que puede ocurrir es que las controversias terminen resolviéndose -masivamente- en las Cortes de Apelaciones y, eventualmente, en la Corte Suprema, mediante recursos de amparo y otras acciones judiciales. El resultado es incierto para el Gobierno, pero también para los propios condenados, que verán paralizadas sus solicitudes sin tener claridad respecto de cuándo ni cómo se resolverán.

En tercer lugar, una vez más, pagan justos por pecadores.

Es comprensible que esta discusión haya generado indignación. Se trata de materias especialmente sensibles para la sociedad, sobre todo cuando se conocen casos de personas condenadas por delitos sexuales contra NNA, o por violaciones a los derechos humanos, que han accedido a beneficios de reducción de condena.

Sin embargo, esos casos no representan la totalidad de quienes pueden postular a este mecanismo. La Ley Nº19.856 contempla un sistema de reducción de condenas basado en el comportamiento sobresaliente durante el cumplimiento de la pena, considerando factores como el estudio, el trabajo, la rehabilitación y la conducta. Por lo tanto, también existen personas condenadas por delitos de menor gravedad que, cumpliendo los requisitos legales, pueden acceder a este beneficio y que hoy se ven afectadas por una decisión generalizada.

El problema es que, frente a casos que generan legítima preocupación pública, se termina poniendo en cuestión todo un sistema, sin distinguir adecuadamente entre las distintas situaciones que lo integran.
Pero hay algo más que el Gobierno parece estar dejando de lado: las consecuencias que esta decisión puede tener para el propio Estado.

Por una parte, la suspensión de estos beneficios va en una dirección contraria a los esfuerzos que distintas organizaciones nacionales e internacionales vienen planteando respecto de la necesidad de mejorar las condiciones del sistema penitenciario y fortalecer las políticas de reinserción social. No se trata de desconocer la gravedad de los delitos ni de relativizar el sufrimiento de las víctimas, sino de comprender que el encarcelamiento también debe responder a objetivos que permitan reducir la reincidencia y favorecer la reintegración de quienes cumplen una condena.

Las cifras son preocupantes. De acuerdo con el informe de hacinamiento carcelario del Instituto Nacional de Derechos Humanos, al 31 de diciembre de 2025, los establecimientos penitenciarios del país registraban un nivel de ocupación equivalente al 146,9 % de su capacidad. Es decir, tenemos un sistema que ya funciona muy por encima de sus posibilidades.

En ese escenario, cualquier decisión que contribuya a mantener por más tiempo a personas privadas de libertad debe ir acompañada de una política penitenciaria seria, que considere la capacidad de los recintos, las condiciones de habitabilidad, la seguridad y los recursos destinados a la reinserción. De lo contrario, el resultado puede ser simplemente agravar un problema que el Estado lleva años sin resolver.

Por otra parte, tampoco podemos olvidar nuestras obligaciones internacionales. Tanto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 15, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 9, consagran garantías fundamentales en materia de legalidad y aplicación temporal de la ley penal. En particular, reconocen que una persona debe beneficiarse de una pena más leve establecida con posterioridad a la comisión del delito.

Esto no significa que cualquier beneficio penitenciario sea automáticamente inmodificable ni que el Estado no pueda reformar su legislación. Significa, más bien, que esas modificaciones deben respetar los principios que limitan el ejercicio del poder punitivo y las reglas que protegen a las personas frente a cambios legislativos desfavorables. Una derogación no puede convertirse en una herramienta para desconocer, sin más, las garantías que nuestro ordenamiento reconoce.

Finalmente, hay una cuestión de fondo que no debiéramos perder de vista: la finalidad de las penas privativas de libertad. Tanto los instrumentos internacionales como nuestra tradición legislativa reconocen la importancia de la reinserción social como uno de los objetivos que debe orientar la ejecución de las condenas. No es casualidad que la propia Ley N.º 19.856 haya creado un sistema que vincula la reducción de condena con el comportamiento sobresaliente de las personas durante su permanencia en prisión.

Así las cosas, antes de adoptar decisiones de esta magnitud, el Gobierno debiera detenerse a reflexionar sobre sus consecuencias. Lo que hoy pretende presentarse como una solución definitiva podría terminar apagando el incendio con más bencina, abriendo nuevos conflictos judiciales y agravando las dificultades de un sistema penitenciario que ya se encuentra al límite.

Antes de eliminar beneficios a diestra y siniestra, el Ejecutivo podría aprovechar esta oportunidad para avanzar en una reforma mucho más urgente y estructural: la creación de tribunales de ejecución de penas.

Resulta difícil de explicar que, en pleno siglo XXI, Chile todavía no cuente con una judicatura especializada que controle de manera permanente la ejecución de las condenas, resuelva las controversias que surgen durante su cumplimiento y garantice que las decisiones que afectan la libertad de las personas se adopten con criterios jurídicos claros y bajo control jurisdiccional.

Esa sí sería una discusión de fondo. Porque el problema no se resuelve simplemente endureciendo las reglas o eliminando beneficios, sino construyendo un sistema de ejecución penal serio, coherente y respetuoso de la legalidad.

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Cuando derogar no es suficiente

Resulta difícil de explicar que, en pleno siglo XXI, Chile todavía no cuente con una judicatura especializada que controle de manera permanente la ejecución de las condenas, resuelva las controversias que surgen durante su cumplimiento y garantice que las decisiones que afectan la libertad de las personas se adopten con criterios jurídicos claros y bajo control jurisdiccional.

Foto del Columnista José Pablo Gómez José Pablo Gómez