Tras casi 20 años de negociaciones los países de la ONU llegaron al acuerdo que busca garantizar la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina en aguas internacionales. La idea es alcanzar la meta “30×30”, es decir, que el 30% de los océanos se convierta en áreas marinas protegidas a 2030.
Nos parece muy positivo que se establezcan distintas herramientas que agilicen la toma de decisiones en materia oceánica, entre ellas la creación de zonas de protección, la libertad de investigación científica marina junto con otras libertades de alta mar y el de mantener un enfoque integrado de la gestión de los océanos, y que la Conferencia de las Partes (COP) sea la instancia donde las naciones ratifiquen el tratado.
Sin embargo, este acuerdo también genera interrogantes y oportunidades que abordar. Se requiere avanzar en la formulación de propuestas concretas que permitan no sólo declarar sino que gestionar las Áreas Marinas Protegidas. Y en eso, la ciencia y la tecnología, así como la concurrencia del sector público, privado y la sociedad civil, cumplen un rol clave.
Sonia Español, directora ejecutiva de la Fundación MERI
