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Justicia define el viernes extradición de chileno vinculado con las FARC

Hasta el viernes quedó pospuesta en la Sala Penal de la Corte Suprema la vista del recurso que busca la extradición del ciudadano chileno Manuel Olate Céspedes.

 

Hasta el viernes quedó pospuesta en la Sala Penal de la Corte Suprema la vista del recurso que busca la extradición del ciudadano chileno Manuel Olate Céspedes.

 

Los magistrados Carlos Künsemuller, Hugo Dolmestch, Jaime Rodríguez y Rubén Ballesteros, además del abogado integrante Luis Bates, determinaron continuar el viernes con los alegatos de la causa, luego de que sólo fueran escuchados los audios aportados por el Ministerio Público para apoyar la tesis de la nulidad al juicio rechazado por el juez Sergio Muñoz.

 

El pasado 15 de enero el magistrado determinó no conceder la extradición de Olate a Colombia por sus supuestos vínculos ilegales con las FARC, por considerar que los antecedentes no constituían delitos y, además, que habían sido obtenidos de manera ilegal.

 

El abogado de la Unidad de Extradiciones del Ministerio Público Eduardo Picand sostuvo tras la primera jornada de alegatos que “entendemos que son serios los antecedentes que envió Colombia. Creemos que no es competencia de la Corte haberse pronunciado respecto de la legalidad o ilegalidad de los antecedentes presentados durante el juicio. Eso es lo que vamos a exponer el viernes”.

 

Por su parte del abogado Alex Caroca, defensor de Olate, estimó que la resolución del juez Sergio Muñoz “el fallo es contundente. La prueba proviene de un acto ilícito y carece de valor. Fuera de eso hay siete argumentos más, entre los cuales está que la solicitud de extradición no tiene fundamentos serios. Como todo esto es tan categórico esperamos que se mantenga por la Sala Penal de la Corte Suprema”.

 

“El fallo del ministro Muñoz descansa sobre el pilar fundamental que es que la inmensa mayoría de los antecedentes que trajo el gobierno colombiano provienen de un acto de agresión internacional, por lo tanto configura que sea una prueba que se denomina ilícita que no puede tener valor en Chile porque lo prohíbe nuestra Constitución política y diversos tratados internacionales. A partir de ahí se desvanece la pretensión del Ministerio Público”, dijo el profesional en el Palacio de los Tribunales.

 

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