“Tras 20 años la estructura mental de nuestras fuerzas armadas no ha cambiado”, dice Luciano García, uno de los observadores de derechos humanos que desde el 23 de agosto monitorea de manera estable las manifestaciones estudiantiles y elabora informes a partir de la represión que realiza Carabineros.
Aunque a estas alturas ya tiene varias marchas y protestas en el cuerpo, reconoce que no deja de llamarle la atención la “violencia” con que actúa la policía uniformada, cada vez que universitarios y secundarios salen a la calle para exigir educación gratuita.
De hecho, durante la manifestación de ayer una niña con uniforme escolar, se acercó a él y otra observadora, para denunciar que un carabinero la había “zamarreado” y tras eso le apretó uno de “sus pechos, que fue lo que la dejó más afectada”.
“Hemos sido testigos de golpizas a niños de 13 años, escuchado insultos como ‘córranse putitas’ e incluso tenemos registrado cuando un superior le dice a un carabinero que ‘les levanten las faldas a las mujeres’ durante las protestas”, comenta Marta Cisternas, fonoaudióloga de profesión e integrante del Consejo Consultivo de la Casa Memoria José Domingo Cañas.
Coordinación con la Confech
La intención de hacer un seguimiento a las marchas nació luego de los hechos de violencia registrados el martes 23 de agosto en la Plaza Ñuñoa, durante uno de los cacerolazos convocados por la Confech.
A partir de ese momento, miembros de la Comisión ética contra la tortura, el Colectivo memoria 119, la Asamblea Nacional por los Derechos Humanos y Londres 38, entre otros, se organizaron para ver qué sucedía durante las protestas.
Tras varias actividades en terreno, fueron contactados por los dirigentes de la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) con quienes se reunieron la semana del 2 de septiembre para coordinarse y compartir la información recopilada en los actos callejeros.
“Su trabajo lo coordinan con el Centro de Estudios Jurídicos de la Fech, más un delegado de DDHH de la Confech, el Instituto de DDHH y otras organizaciones. La tarea que quisimos darle a los compañeros es hacer un catastro de las variadas violaciones a DDHH, torturas y testimonios de los compañeros. Ese informe debería estar lo antes posible para hacerlo público”, afirma Camila Vallejo.
Recurrir a Human Rights Watch
Según los observadores los datos que hasta el momento han podido recabar son alarmantes. Por ejemplo, aseguran que el jueves 4 de agosto, día en que el ministro del Interior Rodrigo Hinzpeter se negó a autorizar una marcha -y que derivó en una acusación constitucional que finalmente no prosperó- se registraron más de 800 detenciones ilegales.
Desde esa vez, comenzaron a realizar informes que les han hecho llegar a los abogados del Instituto de Derechos Humanos y la Defensoría Popular. Y no descartan que sean entregadas a organismos internacionales como Human Rights Watch.
“Varias veces nos han dicho ‘por estar sapeando van a ver lo que les pasa’ pero no dejaremos de hacer esto” ¿Por qué? “Porque tenemos una memoria viva y necesitamos aprender que lo que pasó no puede volver a repetirse”, recalca Marta Cisternas, quien asegura que también han sido agredidos peses a portar identificación como observadores.
