Campos minados en Torres del Paine, el desconocido peligro de Magallanes

Fue en la madrugada del pasado lunes 20 de febrero cuando, debido a las lluvias altiplánicas, el río Lluta se desbordó  arrastrando consigo un mortal sedimento que alertó a las autoridades. 20 mil  de minas antipersonales y antitanques que yacían “sembradas” en la frontera de Chile con Perú se dispersaron sin control, llegando incluso a la ruta 5 Norte,  lo que obligó el cierre del paso internacional Chacalluta. Y la posterior visita a la zona del ministro de Defensa, Andrés Allamand.

La alerta roja en el norte puso otra vez en el tapete la deuda que tiene Chile con la comunidad internacional para hacer efectivo el proceso de levantamiento de minas instaladas durante la dictadura – entre diciembre de 1973 y 1975- que se inició hace 10 años, luego de que el Ministerio de Relaciones Exteriores se incorporara la Convención Internacional de Ottawa.

La norma obligaba a Chile al levantamiento total de las municiones  a marzo del 2012, una aspiración que el país está muy lejos de cumplir, pues a la fecha aún no se remueve el 75% de las minas que fueron instaladas como medida disuasiva para proteger los límites fronterizos.

Según la Comisión Nacional de Desminado, CNAD, existen 162 campos minados desde el norte a Magallanes, conteniendo la increíble suma de 101 mil 678 minas en zonas que solo están delimitadas con alambres de púas y letreros en español, inglés y alemán. Solo en Arica y Parinacota, la zona afectada por  las lluvias altiplánicas, existen sobre 78 mil minas antipersonales.

¿Dónde está el resto? En 15 áreas de peligro, señaladas por el CNAD, entre las cuales está la Región de Magallanes y la Antártica chilena, donde existen en la actualidad 27 campos que contienen un total de 6.882 minas antipersonales y antitanques.

Dentro de este preocupante panorama, el Parque Nacional Torres del Paine, recientemente azotado por un grave incendio forestal,  figura como una zona de peligro.

Según Elir Rojas, geógrafo y miembro del International Campaign to Ban Landmines y del Cluster Munition Coalition, dos importantes organizaciones no gubernamentales relacionadas al desminado humanitario, el mundialmente conocido parque magallánico es una zona de riesgo latente para la población.

“Existen dos campos minados en particular que son un riesgo permanente para los civiles que transitan por la principal vía de acceso a Torres de Paine. Esperamos que un vehículo no se salga del camino, ya que se produciría un grave accidente”, advierte.

Esta afirmación es confirmada por la alcaldesa de Torres del Paine, Anahí Torres, quien reconoce que “no existe en la actualidad ninguna actividad relacionada con el desminado”.

“Existen campos minados cerca de laguna Figueroa  y de Cerro Castillo, rutas frecuentemente utilizadas por turistas. Son espacios señalizados pero están al lado del camino”, comenta la autoridad comunal, quien agrega que es responsabilidad del gobierno desactivar las minas. “El temor está siempre latente, ya sea por las lluvias o por lo que sea”, asegura.

Sin embargo, el secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Desminado (CNAD), coronel Luis Mendoza, sostiene que en Magallanes también se trabajó en las áreas de riesgo inmediato a la población y que ya se liberaron las zonas cerca de poblados y de parques nacionales”.

Prórroga en la Convención de Ottawa

El 2 y 3 de diciembre de 1997, más de 100 países, entre ellos Chile, firmaron en Ottawa, Canadá. la Convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción. El tratado obliga al país a cumplir una serie de normas, entre las que están la destrucción de las minas en stock, reducir el riesgo a la población civil, asistir a las víctimas  y destruir todas las minas antipersonales presentes en zonas de su territorio.

Para lograr el desminado humanitario es que fue constituida, en agosto del 2000,  la CNAD que según su sitio web “depende directamente del Presidente de la República, es presidido por el Ministro de Defensa Nacional y lo integran los Subsecretarios de Relaciones Exteriores, Hacienda y Salud, el Jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, los Jefes de Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas y el Secretario Ejecutivo de la CNAD”.

El CNAD tenía diez años para limpiar el país de minas antipersonales. Sin embargo,  el año pasado el titular de Defensa, Andrés Allamand,  pidió ocho años más de plazo para que Chile enfrente a la Comisión de Otawa.

Es decir, las Fuerzas Armadas, estamento que realiza esta actividad  en el país, tiene hasta marzo del 2020 para realizar el desminado del 75% restante, proceso que el director del Centro de Información Zona Minada y coordinador del grupo de Víctimas de Minas y Municiones,  Elir Rojas Calderón, mira con desconfianza.

“Chile es uno de los primeros países en pedir una prórroga. Lo que es curioso es que se pueden pedir hasta tres prórrogas de 10 años, es decir hasta 30 años en total. El gobierno solicitó solo 8 años. Es curioso porque si en 10 años han avanzado un 25 por ciento, con un criterio 100% militar, cómo van a garantizar que en ocho años se haya desminado la totalidad del territorio nacional”, dice.

El trabajo del CNAD
Desde la CNAD aseguran,  en tanto, que la prórroga de 8 años a la Convención de Ottawa para terminar el proceso de desminado en el país tiene un fundamento técnico, según explica su Secretario Ejecutivo, coronel Juan Mendoza.

“El 2002 hay una etapa de preparación pero no empieza el trabajo físico. El año 2004 recién se tuvo una primera unidad de desminado en condiciones de iniciar el trabajo y el 2009 recién completamos las unidades y pudimos planificar el trabajo y el rendimiento de todas las unidades”, explica Mendoza. “Eso nos permitió definir que necesitábamos solo 8 años más”, asegura.

Las críticas desde la sociedad civil

Rojas asegura que la CNAD aisló a los expertos civiles en el área del desminado. “Desde 1999 hemos entregado nuestra opinión, sugerencias y propuestas al Ministerio de Defensa -incluso a Michelle Bachelet cuando era secretaria de Estado– y luego a la Comisión Nacional de Desminado. Hemos ido al escenario geográfico donde se emplazaron los campos minados, pero la CNAD, y en particular su Secretario Ejecutivo, el coronel Juan Mendoza, han aislado a los expertos civiles”, insiste el geógrafo.

El experto critica -además- el hermetismo con que las Fuerzas Armadas realizan el levantamiento de minas. “Sobre el 80% del desminado humanitario en el mundo es realizado por empresas privadas certificadas o por ONG’s. En Chile, como sociedad no tenemos ninguna claridad en cómo se realiza este proceso. Además la certificación debiese ser realizada por civiles, no por los mismos militares”, dice.

También agrega que “la CNAD administra 5 millones de dólares anuales de acuerdo a la Ley de Presupuesto. Sin embargo, en ese presupuesto en diez años no han incluido nunca los recursos para ayuda a las víctimas civiles”.

“Aquí lo que estamos haciendo es desactivar un sistema que se pensó que era bueno para la defensa, pero, como dice la Convención de Ottawa, no ha funcionado en ninguna parte, porque existen millones de víctimas inocentes en el mundo, donde la tasa promedio es una persona herida cada 15 minutos”, puntualiza.