Con la medida cautelar de prisión preventiva quedaron los diez detectives de la Policía de Investigaciones que ayer fueron detenidos en el marco de una investigación realizada por el OS-9 de Carabineros y la Fiscalía Metropolitana Occidente.
Así lo determinó el 1º Juzgado de Garantía, quien decretó la misma medida para dos civiles involucradas en el caso. Los restantes dos, en tanto, quedaron con arresto domiciliario.
La magistrada, Paula Brito, fijó además 120 días para la investigación.
“Esto es absolutamente intolerable, particularmente viniendo de sujetos que tienen roles institucionales y que tienen una posición respecto de los cuales el derecho tiene la necesaria y legítima expectativa”, afirmó la jueza Brito, según consigna Emol.
“No puede ser que quienes ejecutan un procedimiento de la ley 20.000 decidan el estándar y el procedimiento a seguir y qué elementos de la ley se van a utilizar y cuáles se van a desechar. La posición personal de los funcionarios policiales presentes en esta audiencia son sujetos portadores de un rol jurídicamente relevante para la sociedad, relevante para los imputados y relevantes para el tribunal. No puede si no esperarse que cada actuación que ellos realizan tenga el más alto grado de fidelidad al derecho”, agregó.
La formalización en contra los funcionarios es por los delitos contemplados en la ley de drogas; allanamientos y detenciones ilegales; apremios ilegítimos; faltar maliciosamente a la verdad y omisión de denuncias, entre otros. En cuanto a los civiles, a dos mujeres se les imputó el delito de tráfico de drogas y a los hombres el de microtráfico.
