Ministerio de Transportes cambia contrato con AFT y logra ahorro de $8 mil millones anuales

El ministerio de Transportes realizó una profunda reestructuración del contrato entre el Estado y el Administrador Financiero de Transantiago (AFT), con lo que logrará ahorros de costos anuales por $ 8.000 millones.

El nuevo trato implica el traspaso en la operación de la tarjeta Bip al Metro de Santiago. Metro, también, deberá hacerse cargo de todo el sistema de postventa del medio de pago, que era administrada por AFT y Sonda.

“Hay un ahorro de ocho mil millones de pesos, pero aumentando la cantidad de servicios. Este hecho de relacionarnos directamente con la empresa, nos va a permitir que toda la información puedan ser usada más eficientemente”, explicó el titular de Transportes, Pedro Pablo Errázuriz, según informó radio ADN.

Errázuriz agregó que “el nuevo marco contractual busca responder a las necesidades de quienes usan el transporte público, exigiendo una  mejora de la red de carga, desarrollo de nuevas aplicaciones de información y mejora en la utilización de datos en beneficio de los usuarios”.

Además, añadió, “todo el aspecto tecnológico, que fue siempre muy criticado, tendrá un estándar distinto, se relacionará directo con nosotros y tendremos mucha mejor información para la toma de decisiones, y mucho más a tiempo”.

Hasta ahora el 70% de las cargas se realizan en estaciones del Metro, que en su momento fue quien desarrolló la tecnología de la actual Tarjeta Bip!. No obstante los cambios, no se espera cambios en la actuales tarifas.

El nuevo marco busca además enfocarse en la especialización. Ello, porque hasta ahora los contratos estaban pactados entre el Estado y el AFT, quien a su vez subcontrataba servicios a terceros. Ahora, el Estado se entenderá directamente con cada entidad especialista, permitiendo una reacción más rápida de parte de cada proveedor ante necesidades del sistema.

Patricio Pérez, coordinador de Transantiago, explicó que “los nuevos contratos establecen un modelo de servicios donde hay multas proporcionales, vigilancia y fiscalización de los compromisos pactados e incentivos focalizados en los usuarios”, según La Nación.