El equipo de la Brigada de Homicidios de la PDI y la Fiscalía Sur que investiga la muerte del dirigente sindical Juan Pablo Jiménez, ha abierto una nueva línea de investigación. Tras constituirse en las dependencias de la empresa Azeta, contratista de Chilectra, reparó que allí trabajan muchos ex uniformados que poseen armas de fuego inscritas.
El jefe (s) de la zona metropolitana de la BH, Francisco Orellana, reconoció que pedirán las armas a sus propietarios para ser periciadas y comparadas con la munición encontrada en la cabeza de Jiménez.
“Hay 20 efectivos trabajando en este caso, pero no porque haya tomado tanta fuerza mediáticamente, ya que siempre ponemos todos los medios para aclarar un crimen”, señaló Orellana a La Segunda.
Cabe recordar que la tesis que ha expuesto la PDI sobre la muerte de Jiménez habla de una bala loca que habría sido disparada desde fuera del establecimiento.
Sobre los cuestionamientos de los familiares y amigos de la víctima sobre el retraso en la pericia por parte de Invetigaciones, Orellana explicó a ellos el caso les llegó recién a las 22 horas del jueves -en circunstancias de que la muerte de Jiménez fue a las 15:56 horas, según han establecido los peritos forenses-, por intermedio de la Fiscalía Sur.
Según el informe del Servicio Médico Legal (SML), el sindicalista murió producto de un “traumatismo craneoencefálico por bala” mientras se encontraba sentado en una banca al interior de la empresa, revisando su celular. El proyectil ingresó por la parte frontal superior izquierda de la cabeza, quedando alojada a la altura de la nuca.
