“Por autonomía y resguardo de la fe pública, la Universidad de Chile se opondrá a privatizar el sistema de admisión universitario”. Así de tajante fue el rector Víctor Pérez (U. de Chile) ante la propuesta efectuada el pasado 7 de marzo por el Ministerio de Educación, en orden a establecer una nueva institucionalidad para administrar la Prueba de Selección Universitaria (PSU).
Pérez insistió en su postura a través de una columna en el diario La Tercera, donde afirmó que “ningún organismo público o privado puede afectar la autonomía de las universidades e imponerles un esquema de ingreso contrario a la voluntad de sus instancias internas de gobierno: lo contrario sería intervenirlas”.
Agregó en el texto que “la administración de la PSU no podrá nunca resolver algo para lo cual el instrumento no fue pensado ni construido y que constituye un problema estructural de nuestra sociedad: la brutal desigualdad e inequidad social que existe en nuestro país, cuya génesis está en la mala calidad de la educación que reciben nuestros niños”.
Argumentos que fueron respondidos por el jefe de la división de Educación Superior, Juan José Ugarte, quien señaló que el actual sistema “no ha tenido la capacidad de corregir las deficiencias detectadas en sucesivas evaluaciones”. A su juicio, con la propuesta del Mineduc “no se pone en riesgo ninguno de los valores universitarios que defiende el rector. En cambio, sí se protegen los intereses de los estudiantes”.
Este “no es momento de realizar defensas corporativas, sino de efectuar, de cara al país, las necesarias mejoras poniendo en el centro al estudiante y a su familia”, enfatizó Ugarte, puntualizando que el Departamento de Evaluación, Medicion y Registro Educacional (Demre), perteneciente a la U. de Chile, recibe más de $ 7 mil millones por implementar la PSU.
Especial resquemor genera la iniciativa del Mineduc que propone crear un consejo que cuente con la participación de integrantes de las instituciones tradicionales, privadas, del Mineduc y de la educación secundaria. Mientras la mayoría de los directivos de los planteles tradicionales se oponen, los rectores de instituciones privadas, que usan la PSU para seleccionar alumnos, valoran la idea
