Rubén Ballesteros, presidente de la Corte Suprema, se refirió a la actuación del Poder Judicial durante la dictadura militar, reconociendo “graves omisiones y dejación de obligaciones” en los jueces a 40 años del golpe de Estado, pero sin usar la palabra perdón.
El magistrado leyó un comunicado en el cual señala que “el quiebre de la institucionalidad a partir del 11 de septiembre de 1973 permitió la instauración de un régimen cívico-militar que violentó las garantías fundamentales de los ciudadanos y derivó en la muerte de muchos ellos, la desaparición forzosa y atropellos que hoy nadie niega y que fueron legalmente establecidos por las comisiones creadas para tal efecto”.
Frente a tal situación, “no cabe sino reconocer que si esos atropellos ocurrieron fue en parte a la omisión de los jueces de la época, pero en especial de la Corte Suprema de la época por no ejercer su liderazgo y negando de esta manera la tutela judicial que tenían los acusados”.
Ballesteros dejó en claro que “este máximo tribunal reflexionando sobre los hechos de la época y el rol del Poder Judicial, llega a reconocer las graves omisiones y actuaciones que constituyeron una dejación de obligaciones juridiccionales”.
“Esta Corte Suprema compromete su compromiso en el esclarecimiento de esta clase de delitos y llama a los miembros del Poder Judicial en persistir en tal tarea“, sentenció.
