Abogado Contreras atribuye salida del jefe brigada de DD.HH de la PDI a detenciones de Contreras y Schafer

La salida de Sandro Gaete no ha estado exenta de polémica, reconocido como uno de los investigadores emblemáticos de la brigada de Derechos Humanos. El documento para su baja se habría firmado el martes 10 de diciembre y fue notificado ayer. El ex prefecto se ocupó de diversas causas de violaciones a los Derechos Humanos, destacando los casos de Víctor Jara, Tucapel Jiménez y  Carlos Prats.

“De consumarse esa medida, el gobierno de Piñera habrá cumplido su oferta de apoyo a los autores de crímenes de lesa humanidad. Nunca perdonaron a Gaete haber dirigido la operación para detener al jefe supremo de la DINA, Manuel Contreras, como luego al jefe del enclave nazi de Colonia Dignidad, Paul Schafer o al criminal Iturriaga Neumann; le correspondió culminar con éxito las más importantes y delicadas misiones cumpliendo con ejemplar profesionalismo esas tareas que contribuyeron a los avances en esta materia”, declaró el abogado  de DD.HH. Eduardo Contreras.

Gaete se desempeñaba como jefe de la Brigada de Delitos contra el Medio Ambiente en la Región de Aysén cuando el director de la PDI, Marcos Vásquez, habría determinado su salida. En el documento donde se especifican las razones de la baja del funcionario de la institución se mencionan como uno de los motivos para su baja: “razones de salud incompatibles con su función”. Gaete se encontraba con licencia médica por una rotura de ligamento cruzado anterior de la que fue operado en el mes de octubre, fecha desde la quedó en tratamiento kinésico, para reintegrarse la próxima semana.

El abogado además agregó que, tal y como lo reafirmaron las principales asociaciones de familiares de las víctimas de la dictadura, Sandro Gaete y Abel Lizama tuvieron que denunciar en su momento al ex director general Arturo Herrera, refiriéndose al episodio en que Gaete se negó a modificar las conclusiones de un informe que relacionaba al entonces general del Ejército Manuel Trincado con la llamada “Operación Retiro de Televisores” que permitió el desentierro de víctimas de la dictadura para arrojarlas al mar

“En esa ocasión incluso se intentó destruir pruebas que comprometían a otro violador de derechos humanos que era su amigo, hay que demandar de la actual dirección de la PDI respeto a las leyes y a la trayectoria de aquellos funcionarios ejemplares que han sabido cumplir sus deberes”, concluyó.