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18 de Diciembre de 2013

Fuertes reacciones provoca decisión UDI de posponer debate por AVP hasta enero

Con fuerza reaccionaron las agrupaciones de homosexuales del país ante la suspensión esta tarde de la votación del Acuerdo de Vida en Parejas (AVP), cuyo proyecto será "reevaluado" en una segunda discusión a pedido de la UDI.

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Duras respuesta dieron agrupaciones de homosexuales como la Fundación Iguales y el Movilh a la suspensión hasta enero próximo de la votación en el Senado del proyecto de ley que crea el Acuerdo de Vida en Pareja (AVP).

Rolando Jiménez, presidente del Movilh, fue enfático: “Esto no puede quedar chuteado para el próximo período gubernamental y para el próximo período legislativo. Si eso llega a ocurrir nosotros desechamos la idea de seguir trabajando en este proyecto y vamos a ir directamente por el matrimonio igualitario y congelaremos nuestra participación en una legislación de esta naturaleza”, consigna La Tercera.

Luis Larraín, de Fundación Iguales, dijo a La Red que “nos vemos enfrentados a la mala política de la UDI, partido que por cuatro años ha buscado todos los medios para dilatar la discusión del AVP que no corresponde a su estrecha visión de sociedad que imponerle al resto de la sociedad”.

Esta tarde, la Sala del Senado postergó la votación del proyecto de AVP tras una petición del jefe del comité de senadores UDI, Víctor Pérez, quien a nombre de su partido solicitó una segunda discusión que pospone la  iniciativa que se tramita hace tres años en el Parlamento hasta el regreso del receso legislativo, en enero.

REACCIÓN DEL GOBIERNO

Tras la decisión, la ministra de la Secretaría General de Gobierno, Cecilia Pérez,  anunció que dispondrán la  discusión inmediata del proyecto para acelerar la tramitación de la iniciativa y así asegurar que la ley sea aprobada antes de terminar el actual mandato presidencial.

“Vamos a poner discusión inmediata al proyecto AVP porque Chile no puede seguir esperando”, dijo la ministra tras intervenir en la Sala del Senado.

La vocera Pérez recordó que el Presidente Sebastián Piñera “asumió el compromiso de que su gobierno buscaría la manera de resolver la situación de desmedro patrimonial en que se encontraban las parejas de hecho”.

“El corazón de la iniciativa es sólo uno: entregar dignidad a todas las familias y, en este caso, a las que no tienen un vínculo dado por el matrimonio o los hijos pero son fruto del amor y merecen tener aquello que respete la dignidad de esa relación”, enfatizó.

“La posición de nuestro Gobierno, así como ha sido clara para señalar que necesitamos abordar la situación de desmedro patrimonial y de dignidad en que se encuentran estas parejas, también ha sido clara en señalar con la misma firmeza que el matrimonio es sólo uno y, por esencia, es entre un hombre y una mujer”, insistió.

WALKER: “NO ES MATRIMONIO DE SEGUNDA CLASE”

Durante la discusión del proyecto, el presidente de la Comisión de Constitución del Senado, Patricio Walker (DC), insistió en la necesidad de reconocer que la parejas de hecho son “verdaderas relaciones de familia distintas de la tradicional, a las que debemos reconocer en su dignidad y la posibilidad de constituir, bajo el amparo del derecho, relaciones estables que les permitan resolver problemas cotidianos que deben enfrentar”.

Añadió que aprobar el proyecto de ley no supone en ningún caso constituir un “matrimonio de segunda clase o propender al matrimonio igualitario”.

El parlamentario explicó que el contrato que establece el AVP establecerá derechos y deberes entre los contrayentes, los que recibirán el nuevo estado civil de “convivientes”, a diferencia del estado de “soltero” que proponía el proyecto del Ejecutivo.

Dicha unión se podrá celebrar ante un notario o un oficial del Registro Civil, organismo que llevará registro de las uniones que se realicen en el país. Los conflictos entre los contrayentes serán resueltos por los Tribunales de Familia, de acuerdo a la iniciativa.

El proyecto original de AVP fue ingresado por el hoy senador electo Andrés Allamand, refundándose luego con el que presentó el Gobierno en 2011. 

El 3 de diciembre pasado, el proyecto fue despachado por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, conformada por Soledad Alvear, Alberto Espina, Hernán Larraín, Patricio Walker y Carlos Larraín.

El debate fue seguido atentamente a través de Twitter.


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