El polémico decreto presidencial que autorizaba a funcionarios públicos a borrar correos electrónicos enviados desde sus cuentas oficiales también ha sido cuestionado por el Ministerio Público, que ordenó no borrar dichos mensajes en las reparticiones donde existan investigaciones penales en curso.
Aunque el Gobierno ha defendido la medida especificando que sólo se extiende a los mensajes de carácter personal, la norma ha sido discutida, primero por el presidente del Consejo para la Transparencia, Jorge Jaraquemada, para quien el decreto “no quiere decir que exista la facultad de que los funcionarios borren la información”, y ahora por el Ministerio Público, que a través de un oficio ordenó no borrar ningún e-mail.
Según publica La Segunda, la orden está contenida en un documento enviado al subsecretario del Interior por el fiscal adjunto José Morales Opazo, de la Fiscalía Regional Centro Norte.
El oficio apunta específicamente a los ministerios de Salud, Educación, Obras Públicas, Trabajo y Urbanismo. Esto, debido a que se encuentran investigaciones penales en desarrollo.
Además, se recuerda que cualquier acción que entorpezca dichas investigaciones es constitutiva de delito.
La vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, se refirió a este tema en su última vocería. “Lo que ha solicitado el Ministerio Público es no borrar correos en reparticiones donde hay investigaciones y hemos accedido“, sostuvo.
