El ministro Secretario General de Gobierno, Álvaro Elizalde, manifestó este sábado que el Gobierno de Michelle Bachelet impulsará una política de restitución de tierras a las comunidades mapuche, como una forma de pagar “una deuda histórica” del Estado con los pueblos originarios.
Elizalde respaldó así lo manifestado por el intendente de La Araucanía, Francisco Huenchumilla, quien afirmó que el llamado “conflicto mapuche” no terminará sin una política de restitución de tierras. Según Elizalde, el intendente “está liderando un proceso de promoción del diálogo para alcanzar la paz social en La Araucanía”.
“Sus declaraciones son expresión de lo que se ha venido realizando por los gobiernos democráticos, de restitución de tierras, que se va a continuar desarrollando bajo este Gobierno”, dijo el portavoz de La Moneda en La Granja, donde asistió al “We Tripantu”, una ceremonia religiosa con que los mapuche celebran el comienzo de un nuevo año, en el Solsticio de Invierno.
La autoridad, dijo Elizalde, promueve “una política integral que da cuenta de temas que están pendientes, que tiene por objeto dar solución a problemas que se han venido postergando durante muchos años en nuestro país”.
“Hay una deuda histórica con los pueblos indígenas en nuestro país y debemos dar solución a esa deuda histórica”, subrayó y aseguró que Chile debe reconocerse como un país “multicultural” y hacerse cargo de una serie de demandas de los pueblos indígenas.
Entre ellas, mencionó el reconocimiento constitucional de esos pueblos, un nuevo trato, la restitución de tierras y una agenda de desarrollo”.
De las 56 medidas que Michelle Bachelet prometió realizar en sus primeros cien días de Gobierno, quedaron incumplidas tres relacionadas precisamente con los pueblos originarios:
- La creación de un Ministerio de Asuntos Indígenas.
- Otorgar la calidad de ministro al director de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi).
- Crear una agenda de desarrollo de esos pueblos.
Según las autoridades, el atraso se debe a que, en cumplimiento del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), esas materias deben ser sometidas a un proceso de consultas con las propias comunidades.
