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14 de Agosto de 2014

Funcionarios DGAC: Salida de jefe de seguridad del Aeropuerto es "una decisión apresurada"

En el marco del millonario robo que afectó a la principal terminal aérea del país, los trabajadores recuerdan que "hay un sumario en curso que aún no determina responsabilidades".

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Como una “mala señal” calificó el presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios de la DGAC (Anfdgac), José Pérez Debelli, la remoción de Rolando Alegría, jefe de seguridad del Aeropuerto Arturo Merino Benítez, a raíz del llamado “robo del siglo” ocurrido en la zona de carga del terminal.

Para el dirigente, la decisión del ministro Jorge Burgos es apresurada ya que “hay un sumario administrativo en curso que puede durar mínimo 10 días, y aun no establece responsabilidades“.

“Eso a nuestra gente les puede hacer un poco de ruido”, puntualizó Pérez Debelli, en declaraciones a La Tercera, donde desechó la “exclusiva responsabilidad de la DGAC en la seguridad del recinto aeroportuario”.

La Asociación señaló, mediante una declaración pública emitida ayer, que ” existen procedimientos específicos en el transporte de valores que involucran acciones conjuntas con Carabineros, más aún, cuando se ha verificado que ninguno de los puestos de control que son responsabilidad de nuestra gestión fueron sobrepasados en ningún momento por los delincuentes que actuaron en este hecho”.

Agregan que “el control del movimiento de vehículos la realiza la empresa concesionaria del Aeropuerto denominada SCL, hecho que se materializa mediante cámaras de vigilancia, sumado a la permanente centinela de un par de vehículos que recorren el perímetro interno del recinto, de manera de evitar un ingreso clandestino de terceros, escenario que en este especifico caso no funcionó en forma eficiente”.

Así, el documento demanda a las autoridades que la investigación se apunte “a quienes se les ha endosado la vigilancia privada, ya que los funcionarios públicos de la DGAC no tienen responsabilidad alguna en la forma y fondo de lo ocurrido”.

La Asociación finaliza declarándose  “en estado de alerta” ante posibles sanciones que afecten a sus representados.

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