Alberto Undurraga, ministro de Obras Públicas, compareció ante una sesión especial de la Cámara de Diputados para analizar los usos esenciales del agua, donde aprovechó de adelantar los cambios que se pretende impulsar en el Código de Aguas y que guardan relación con dar un carácter temporal a los derechos particulares.
Esto se suma a la intención del Ejecutivo de generar una reforma a la Constitución donde se refuerce la idea del vital elemento como un “bien nacional de uso público”, lo cual no aparece consagrado en la Carta Magna.
Esta iniciativa no es algo nuevo en La Moneda, ya que la Presidenta Michelle Bachelet envió en 2010 un proyecto de reforma constitucional que resalta la calidad de bien nacional de uso público que tiene el agua, ya que si bien aparece en el Código Civil y en el Código de Aguas, no tiene un rango constitucional.
En dicha oportunidad, se eliminaba el inciso que otorga “la propiedad” de los derechos de aguas a sus titulares.
Y es que según el ministro Undurraga, con esto se busca dar un uso prioritario para el consumo humano, ya que explicó a La Tercera que “todavía hay muchas comunidades que sacan agua de norias, de ríos, de canales, porque no tienen agua potable y no tienen una prioridad en los usos”.
Además, se plantea que la Dirección General de Aguas (DGA) cuente con atribuciones para limitar ciertos derechos de agua en caso de emergencias, como son las sequías, y es que para el titular del MOP, “esas atribuciones las tiene que tener el Estado. El agua no es algo que se pueda resolver ciento por ciento por el mercado”.
Junto con ello, se incorporarán restricciones para la transferencia de derechos de agua, para lo cual se necesitarán permisos especiales de la DGA, en especial cuando estos derechos cambian de uso, como por ejemplo, de la agricultura a la minería.
Undurraga explicó que estas indicaciones ya están redactadas, pero adelantó que algunas deberán ser sometidas a consulta indígena. Incluso uno de las modificaciones apunta a regular ciertos derechos ancestrales sobre el agua.
En vista de estos puntos, el diputado PC Daniel Núñez señaló que es “totalmente justo expropiar derechos de agua para asegurar la vida y es necesario eliminar el inciso que establece los derechos de propiedad de los particulares sobre las aguas”.
