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11 de Noviembre de 2014

Fernando Paulsen cambia radio ADN por trabajo en prestigiosa oficina de abogados

"No voy a hacer relaciones públicas", dijo a El Dínamo tras confirmar su participación en el bufete de Juan Pablo Hermosilla, a contar de enero.

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Este lunes, el periodista Fernando Paulsen renunció a Iberoamerican Radio Chile, holding que controla a ADN y otras ocho radioemisoras en el país, luego de que la empresa despidiera al dirigente sindical Juan Guerra.

Si bien su desvinculación se hará efectiva a contar del 31 de diciembre próximo, el anunció desató una ola de rumores sobre cuál sería el destino profesional del prestigioso periodista. A través de un comunicado de prensa Paulsen señaló que está reevaluando su trabajo en el periodismo contingente y adelantó tener la intención de “reorientar” su trabajo hacia la comunicación estratégica.

Pese a ello, Paulsen no aclaró hacia dónde apuntaría su nuevo destino profesional ni si lo haría de manera independiente o a través de alguna firma conocida en el mundo de las comunicaciones empresariales. Sin embargo, El Dínamo pudo averiguar que Fernando Paulsen trabajará en la oficina de abogados Hermosilla & Compañía, del conocido penalista Juan Pablo Hermosilla, de quien es amigo hace más de 30 años.

Sorprendido ante la consulta de El Dínamo, Paulsen confirmó a este medio que a contar de enero será parte de dicho bufete de abogados, en un formato de servicios judiciales integrado con asesorías comunicacionales, como funciona en Estados Unidos, y en un cargo aún por definir.

Al respecto, Paulsen aseguró que no hablará del tema “hasta salir oficialmente de la radio para que esto no se transforme en un tema y por el cariño” que le tiene a la radio. En esa línea, el periodista aclaró: “No voy a hacer relaciones públicas”.

Hermosilla es un conocido abogado que ha trabajado en importantes y mediáticas causas judiciales, como en la defensa de James Hamilton, José Andrés Murillo y Juan Carlos Cruz en el Caso Karadima, además de ser uno de los ocho expertos convocados por el Gobierno, para elaborar un informe que modifique la polémica Ley Antiterrorista creada durante la dictadura militar.

 

 

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