La Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió el recurso de protección presentado por Loreto Maturana, exdirectora del Hospital Claudio Vicuña de San Antonio, y dejó sin efecto la resolución que puso término a sus funciones.
El fallo determinó su reincorporación al puesto y estableció el pago de los montos que no recibió durante el período en que estuvo apartada.
La resolución judicial apunta a que el Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio no habría respetado el procedimiento exigido por ley para remover a una autoridad perteneciente al sistema de Alta Dirección Pública, debido a que no informó previamente y de manera fundamentada al Consejo de Alta Dirección Pública antes de solicitar su renuncia.
El fallo judicial que obligó a reintegrar a exdirectora del Hospital de San Antonio tras polémica por nombramiento de Jeanette Vega
La salida de Maturana se produjo luego de la controversia generada por la llegada de la exministra Jeanette Vega como subdirectora médica del recinto.
La exdirectora aseguró que recibió presiones para revertir dicha designación y que, tras mantener su decisión, desde el servicio de salud le solicitaron abandonar el cargo bajo el argumento de una supuesta “pérdida de confianza”.
En su defensa, el organismo sostuvo que la desvinculación también respondía a cuestionamientos relacionados con la gestión de listas de espera y aseguró que posteriormente informó la decisión al Consejo de Alta Dirección Pública. Sin embargo, el tribunal concluyó que dicha comunicación debía realizarse antes de pedir la renuncia y que la omisión de ese paso vulneró el principio de legalidad.
De esta forma, la Corte declaró ilegales tanto la solicitud de renuncia como la posterior declaración de vacancia del cargo, señalando que la expresión “pérdida de confianza” no constituía por sí sola una justificación suficiente para concretar la salida de una autoridad pública.
El fallo no cierra completamente el conflicto, ya que el Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio deberá definir si presenta una apelación ante la Corte Suprema o acata la resolución. El tribunal, eso sí, precisó que la autoridad mantiene la facultad de remover a un directivo de Alta Dirección Pública, siempre que cumpla previamente con los requisitos establecidos por la normativa vigente.
