Tan sólo 20 minutos duró la audiencia de sobreseimiento definitivo por la querella de la empresa Silca, en contra de Caval, de la que la nuera de Michelle Bachelet, Natalia Compagnon, es dueña.
Esto finaliza un período de polémicas entre las firmas, que comenzó cuando Silca le compró los tres predios en Machalí a la nuera de la Presidenta. Las desaveniencias culminaron con un acuerdo entre las dos partes, por lo que, en palabras del fiscal del caso, Luis Toledo, la responsabilidad penal “se había extinguido”.
Lo anterior, porque al existir el mencionado acuerdo, ya no existiría un presunto perjuicio financiero o patrimonial contra de Silca, requisito para configurar el delito de estafa.
Esto se traduce en que, después de este quasi acuerdo reparatorio, se levantaron las medidas cautelares por lo que se entregarán los cheques que se le incautaron a Caval.
Tras la audiencia, Toledo confirmó la recepción de una denuncia por presunto cohecho presentada por los diputados Diego Paulsen y Marcela Sabat (ambos RN) en contra del hijo de la Presidenta, Sebastián Dávalos.
Con el escrito se busca investigar los servicios prestados por Dávalos a Caval durante el primer semestre del 2012, mientras éste se desempeñaba en la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales de Cancillería.
La denuncia anterior se suma a la presentada el martes por Daniel Núñez, diputado del PC, que pretende que se indague un presunto cohecho entre el síndico de quiebras, Hernán Chadwick -quien vendió los terrenos a Caval-, el ex dirigente gremialista Juan Díaz y la arquitecta Cynthia Ross, arquitecta que prestó asesorías en la Municipalidad de Machalí en relación a cambios al plan regulador.
La última fue presentada por el gestor inmobiliario Patricio Cordero, que busca investigar la existencia de supuestas boletas falsas giradas por su empresa a Caval, las que asegura desconocer.
