Partidos de la Nueva Mayoría exigen mayor coordinación en elección de nuevos ministros

La polémica lleva semanas. Tras la renuncia del ex ministro Jorge Insunza, por sus vínculos con empresas mineras mientras encabezaba la comisión del ramo en la Cámara de Diputados, los partidos hicieron patente la molestia respecto de que el secretismo con el que La Moneda seleccionó a su nuevo gabinete.

El PPD asegura que no propuso el nombre del ex titular de la Segpres y sobre el chequeo de antecedentes, la Presidenta Bachelet aseguró que el gobierno “no es una estructura policial” y destacó que son nombramientos de confianza. Este sábado, incluso, el timonel de la mencionada colectividad, Jaime Quintana, aseguró que aún no se le consulta respecto del reemplazante de Insunza. El jefe del Partido Radical, Ernesto Velasco, hizo un llamado a terminar con el “secretismo”.

Se barajan cuatro opciones desde el PPD: la ex intendenta Adriana Delpiano, otro un “rostro joven y de bajo perfil”, según El Mercurio. También se considera a Francisco Vidal, quien aseguró que aún “no sé nada” y eventualmente Sergio Bitar, quien regresa hoy a nuestro país.

Arremetida de los socialistas

Desde ayer temprano en Estado Nacional, de TVN, la timonel del Partido Socialista, Isabel Allende, criticó la escasa coordinación que existe con los partidos. “Somos la base de apoyo al gobierno y por lo menos debieran ser informados. No se trata de que el partido va a imponer un nombre ni va a censurar un nombre, pero se trata de que se llama al presidente del partido y se le dice, mire… éste es el candidato”, manifestó Allende.

Esto será discutido hoy en Palacio, pero la misma colectividad también, a las 17 horas de hoy, se reunirá con el ministro del Interior, Jorge Burgos, para entregarle un escrito, de tres páginas, llamado “Nuevo Contrato”. Éste fue firmado por los 17 diputados del PS.

En este documento manifiestan la lealtad a la Presidenta, pero hace patente que han existido “ripios evidentes en la gestión política” en lo que va del gobierno, principalmente atribuido al efecto de los casos Penta, Caval, SQM y Corpesca.

La invitación manifiesta que deben existir “deberes y derechos recíprocos” entre las colectividades y el gobierno, y plantea en que se debe avanzar en el plan político, fundado en cuatro pilares fundamentales: reformas estructurales, agenda de probidad, agenda social y agenda de crecimiento y empleo.

Se insiste además la necesidad de “recuperar confianzas” entre los partidos y el gobierno, ya que se manifiesta que “es tiempo de terminar con las desconfianzas y allanarse a compartir las decisiones”.