Las alarmas llevaban sonando con fuerza en el empresariado después de que el pasado 16 de junio se presentara en el Cuarto Juzgado de Garantía, y posteriormente se declararan admisible, una serie de querellas por apropiación indebida en contra de múltiples ejecutivos por los dineros que sus firmas habrían utilizado para financiar campañas políticas.
Y el nerviosismo del sector privado habría tenido eco en la Superintendencia de Valores y Seguros, quienes -haciendo frente a una denuncia formal presentada por un accionista minoritario en contra de una serie de empresas eléctricas de Antofagasta- establecieron un marco y descartaron que los aportes de empresas a políticos, hechos en el marco de la legislación, vulneren la Ley de Sociedades Anónimas (SA) y generen algún tipo de perjuicio para tanto las compañías como sus accionistas.
El fundamento de las querellas que remecieron el piso del sector privado, presentadas por los abogados Óscar Gajardo y Bárbara Salinas, responde a que la entrega de dineros a políticos no buscan el interés social de las compañías y de los accionistas. Incluso que estos no generarían beneficios, contravendrían el rol de los directores y que, en suma, vulnerarían la Ley de SA.
Según El Mercurio, a causa de estas querellas, representantes del empresariado manifestaron su preocupación por este tema a altas autoridades de gobierno. Cabe recordar que las empresas citadas en las acciones penales corresponden a Copec, Banco de Chile, Cencosud, Enersis, SQM, AntarChile, Lan, Quiñenco y Falabella.
El delito contenido en las acciones penales presentadas por los abogados de los accionistas minoritarios solicitaría penas de hasta 5 años de cárcel, además de una multa a beneficio fiscal. Al ser declaradas admisibles, cerca de 90 empresarios de los grupos Angelini, Von Appen, Luksic, Matte, Solari, Paulmann y Cueto serían citados a declarar, una vez que una de las unidades de investigación de Delitos de Alta Complejidad del Ministerio Público decrete diligencias.
