El think tank Libertad y Desarrollo (LyD) analizó datos desde el retorno a la democracia hasta 2025 sobre las mociones parlamentarias que finalmente se convierten en leyes de la República. Según el estudio, los parlamentarios presentan en promedio 601 proyectos por periodo, frente a 89 del Poder Ejecutivo.
En base a cifras del Congreso Nacional, LyD estimó que se han presentado más de 17 mil proyectos de ley, de los cuales solo el 9,3% de las iniciativas originadas en mociones parlamentarias logra convertirse en ley, cifra que contrasta con el 70,2% de efectividad de los proyectos impulsados mediante Mensaje Presidencial.
La trivialidad legislativa
Desde 2006, los decretos promulgatorios de una ley —cuando su origen es una moción— incorporan el nombre de sus autores y, a partir de 2019, esta práctica adquirió rango legal con la Ley Nº21.136. De ahí, explica el informe, se entiende el “verdadero frenesí de iniciativas parlamentarias desde esa fecha, lo que no ha significado una mejor ni más efectiva legislación”.
La baja probabilidad de que un proyecto parlamentario llegue a convertirse en ley, sostiene LyD, habría rebajado la calidad del trabajo legislativo. Así, muchas iniciativas abordan materias que generan expectativas que no pueden cumplir, no miden adecuadamente los efectos de sus disposiciones o responden a un voluntarismo que, en ocasiones, transgrede principios elementales de la Constitución. “De este modo, no es de extrañarse que el Congreso exhiba bajísimos niveles de confianza ciudadana”, añade el documento.
Desde pulpos al TAG
Para ejemplificar esta “fiebre” legislativa, el análisis menciona algunas iniciativas que, a su juicio, exceden el bien común. Entre ellas, el proyecto presentado por las diputadas y diputados Ana María Gazmuri, Gael Yeomans, Diego Ibáñez, María Candelaria Acevedo, María Francisca Bello, Emilia Schneider y Javiera Morales, que propone prohibir las granjas de pulpos.
“Que se busque la protección de los pulpos prohibiendo en todo el territorio nacional la instalación, operación, autorización y funcionamiento de establecimientos destinados a su cría, así como la venta, comercialización, importación e introducción en el mercado nacional de pulpos vivos, su carne o productos derivados cuando provengan de sistemas de cautiverio, no parece alineado con un sentido de desarrollo del país”, plantea el informe.
Otro ejemplo citado es el boletín Nº16.137-11, que modifica la Ley General de Servicios Eléctricos para asegurar la continuidad del suministro de electricidad a personas con electrodependencia. El proyecto busca reforzar garantías ya establecidas en la legislación vigente, entre ellas la exigencia de equipos de respaldo que funcionen con energías renovables, además de impedir la ejecución de sentencias judiciales de cobro sobre inmuebles por deudas asociadas a personas electrodependientes.
“A pesar de las duras críticas de la Corte Suprema y de contar con numerosas opiniones en contra, la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados prefirió reemplazar todo el proyecto por disposiciones declarativas e irrelevantes, en lugar de rechazarlo y dar espacio a reformas mucho más urgentes dentro de su ámbito de competencia”, analiza LyD.
Otra iniciativa mencionada es la polémica No+TAG. Avanzar en este proyecto, advierte el informe, eliminaría los incentivos a los sistemas de free flow en autopistas y retrotraería el modelo a peajes manuales, frenando el desarrollo del sector.
El reporte detalla que el proyecto fue presentado en octubre de 2023, aprobado en comisión en marzo de 2025 y recién visado en general por la Sala de la Cámara de Diputados en noviembre del mismo año, para luego volver a comisión y quedar sin ser puesto en tabla hasta la fecha. “Esto demuestra que los legisladores prefieren tramitar indefinidamente malos proyectos de ley antes que dar señales claras de que las malas ideas deben ser rechazadas de plano”, sostiene el análisis.
“Proteger a los pulpos, a los electrodependientes o a los automovilistas puede sonar noble. Pero si el efecto neto de estas iniciativas es perjudicial para la sociedad y, además, sus autores no enfrentan responsabilidad política por esos resultados, entonces estamos en el peor escenario: legislación como señal y no como solución”, concluye LyD.
