Un informe del estudio Shearman & Sterking, de Estados Unidos, develó una serie de montos y destinatarios chilenos para los dineros de la minera no metálica. Prácticamente toda la política en nuestro país aparecía mencionada en algún grado u otro.
Inicialmente se informó que el Departamento de Justicia estaba tomando contacto con el equipo investigador del Ministerio Público, a cargo del fiscal regional de Valparaíso, Pablo Gómez.
Sin embargo, en el transcurso de esta jornada, la Fiscalía nacional descartó que estuviese una comunicación formal en curso respecto a una gestión de este tipo.
“La Fiscalía Nacional aclaró que se trató de una comunicación informal, habitual entre ambas entidades a raíz de las funciones que cumplen, cuyo objetivo fue conocer el procedimiento que el Departamento de Justicia (DOJ) debe utilizar para formular un requerimiento de asistencia internacional en el futuro y explorar un acercamiento informal entre ambas oficinas”, aclaró la instancia rectora del Ministerio Público en Chile.
Asimismo, el director de la Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones de la Fiscalía Nacional (Uciex), Eduardo Picand, precisó que “el medio oficial es el exhorto o requerimientos de asistencia internacional que debe enviarse siempre por conducto diplomático, sobre la base de tratados internacionales existentes entre ambos países. Hasta hoy Estados Unidos, a través del Departamento de Justicia y por conducto diplomático, no ha pedido antecedentes del caso SQM”.
Como Estados Unidos sería uno de los países con los que el Ministerio Público de Chile tiene una mayor relación de cooperación jurídica internacional en causas penales, desde el ente persecutor estiman que no tiene nada de anormal que surjan comunicaciones telefónicas o por correo.
“El Ministerio Público de Chile no ha enviado a EE.UU., por conducto diplomático, un requerimiento formal internacional pidiendo diligencias en ese país, y tampoco EE.UU. ha solicitado a Chile, por conducto diplomático, que la Fiscalía de Chile realice diligencias en nuestro país asociadas a este caso. Aquí lo único que ha existido es un correo electrónico de un asistente de la oficina anticorrupción del Departamento de Justicia, dirigido al Fiscal regional Pablo Gómez que lleva la causa SQM, para conocer cómo funcionan los mecanismos de cooperación y coordinación con Chile“, dijo Picand.
