Partió como una idea para plasmar en un documental los logros del segundo gobierno de la Presidenta Bachelet, y se volvió en el primer dolor de cabeza veraniego del gobierno.
El Ejecutivo visó la realización de una producción audiovisual, de cerca de 40 millones de pesos, e inmediatamente los parlamentarios de oposición plantearon que este trabajo podía ser hasta ilegal, ya que se realizaría a tan sólo dos de los cuatro años que debe gobernar Bachelet en este período, y que al ser éste un año electoral, se podría considerar incluso “propaganda” oficialista financiada con el dinero de todos.
Temprano en esta mañana tanto el diputado Felipe Ward, desde la UDI, como Nicolás Monckeberg desde RN, presentaron una serie de informes ante Contraloría para precisamente impugnar la realización de este proyecto audiovisual.
“En forma inédita se asigna un contrato millonario a quien era una funcionaria de la Presidencia hasta el 31 de diciembre del 2015”, precisó Monckeberg, para luego agregar que “este contrato es completamente al margen de la ley y no corresponde”.
Además, ayer el vocero subrogante de gobierno, Osvaldo Soto, defendió este proyecto, pero precisó que era un “ejercicio de archivo”, más que un proyecto de documental. Y parlamentarios del oficialismo lo compararon incluso a una serie de libros que se elaboraron bajo el gobierno de Sebastián Piñera, los que también destacaban diversos aspectos de su gestión. En declaraciones a Radio Bío-Bío, Monckeberg insistió en que “el gobierno está faltando a la verdad cuando dicen que buscan resguardar imágenes históricas, porque hoy y como ha sido en todos los gobierno, existe una unidad de memoria histórica… esto es algo distinto e inédito (…) es publicidad encubierta, tienen todo el derecho a hacerlo pero no con fondos públicos”.
A juicio del Ministro del Interior, Jorge Burgos, en este tema existirían dos tipos de juicios: los que opinan que no corresponde en términos políticos y los que estiman que existe una ilegalidad.
“Nosotros creemos que los gobiernos pueden reflejar, desde el punto de vista histórico, patrimonial, de historia, sus labores, no con fines propagandísticos. Y se ha hecho otras veces. Pero es una cuestión opinable”, indicó el secretario de Estado.
Asimismo, en una línea más legalista, el titular de Interior aseguró que “si alguien cree que para llegar a la determinación que correspondía hacer el documental, con las características que he señalado, se incumplieron normas propias de la definición de leyes de compras públicas y Ley de Presupuesto, tiene todo el derecho de recurrir a la Contraloría”.
Sin embargo, ya en la arena política, Burgos sentenció que “convertir esto en un hecho político, de descalificación, me parece sumamente injusto y no le hace bien al país”.
