El fiscal Carlos Gajardo, a cargo de la investigación de lucro en la educación superior, recalcó que no habrá sanciones para los involucrados en caso de probarse su culpabilidad, puesto que no existe una figura legal que los castigue.
El persecutor explicó a radio FVL que “esas conductas no encuadran en ninguna figura penal que pudiera ser actualmente perseguible por parte de la fiscalía”, agregando que aunque hubo una discusión en el Congreso, no se llegó a acuerdo para crear una normativa que sancione este tipo de acciones.
Esto, a pesar que la Fiscalía logró establecer “la existencia de pagos importantes” desde las casas de estudios a sus controladores, asociados en su mayoría a inmobiliarias.
“El hecho que fondos de una universidad sirvan para pagar servicios prestados por una institución relacionada no es constitutivo de delito en nuestro país. No hay posibilidades de que esa conducta pueda ser criminalizada”, se lamentó Gajardo.
Las universidades investigadas fueron Andrés Bello, de Las Américas, de Viña del Mar, Santo Tomás, San Sebastián, Central, del Desarrollo, SEK, UNIACC, Pedro de Valdivia, del Mar y Autónoma.
