Contraloría abre sumario por pensiones en Gendarmería y subsecretario de Justicia pide “reconsiderar” tope legal

Fue el 9 de junio cuando la Contraloría, encabezada por Jorge Bermúdez, a través de un dictamen estableció que los funcionarios de Gendarmería, quienes cotizan en la Dirección de Previsión de Carabineros (Dipreca) no pueden jubilarse con una pensión que supere las 60 UF, y en ese momento el cálculo ascendía a un millón 770 mil pesos.

Posteriormente, se dio a conocer el monto que recibe la esposa del presidente de la Cámara de Diputados, Osvaldo Andrade, la que supera los 5 millones de pesos.

Ardió troya, y pese a que todos los dardos apuntaron a responsabilidades políticas, el punto es que la pensión de Myriam Olate no es la única de esa situación, pese a lo que resolvió el ente administrativo, y además su caso es de fines del año pasado.

De acuerdo publica El Mercurio, Contraloría estableció un sumario interno para indagar por qué cuatro días después de que se estableciera el tope para las jubilaciones, se aprobaron otras pensiones que también superan el límite legal.

Una semana después de estos hechos, Bermúdez sostuvo ante la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados que la institución que dirige rechazó “por ilegales” las pensiones que incumplían el límite establecido. Esto porque no sólo constituye una aplicación estricta de la ley, sino que demostró que el ente administrativo está para “resguardar el patrimonio público”.

Desde 2014 a la fecha, cerca de 200 funcionarios de Gendarmería han recibido pensiones por sobre el tope legal.

Dipreca, en concordancia con el Ministerio de Justicia y la Dirección General de Gendarmería, presentó el 2 de mayo a Contraloría una solicitud de aclaración y reconsideración del criterio que incide en el monto máximo de pensiones del personal de Gendarmería y de Dipreca adscritos al Decreto con Fuerza de Ley (DFL) Nº2 de 1968. Si bien Contraloría respondió, Dipreca replicó que no estaba de acuerdo, pero que pese a todo acataba el dictamen. Pese a toda la discusión, se mantuvo el tope de 60UF.

Ahora, de acuerdo revela La Tercera, el subsecretario de Justicia, Ignacio Suárez, el 6 de mayo, pidió a Bermúdez reconsiderar el criterio para fijar límite a las jubilaciones que se objetaron desde abril. Se reunieron tres días después de la presentación del gobierno, y el objetivo era autorizar el pago de pensiones objetadas.

El argumento principal que entregó la subsecretaría fue que con estos topes los estamentos más bajos de la entidad penitenciaria se verían más afectados. Pese a todo, desde Justicia indicaron que su posición siempre fue mantener el respeto a lo que dictó la Contraloría, sin perjuicio a que las presentaciones correspondientes sí se hicieron ante el Contralor.