“¿Qué hace falta para enviar una nota de protesta al embajador Judd?”. Esa es la pregunta con la que la oposición emplaza al canciller Francisco Pérez Mackenna y la que se hacen en privado en el oficialismo. Esto, mientras el Gobierno evalúa si responde con un reproche formal a los dichos del representante de Estados Unidos sobre el Estrecho de Magallanes.
El episodio comenzó el miércoles, durante el evento anual del Día del Comercio Global. Allí, el embajador Brandon Judd planteó que, si Chile quiere un país que ayude a proteger sus derechos sobre el Estrecho, “tendrán que trabajar con nosotros” en los temas que son importantes para Washington.
Sus palabras se produjeron en medio de negociaciones arancelarias entre ambos países. Según el diplomático, estas avanzan favorablemente.
Esa misma jornada, a la salida de una sesión especial del Senado a la que fue citado junto al ministro de Defensa, Fernando Barros, el canciller Pérez Mackenna respondió que el Estrecho es chileno, que Chile no requiere respaldo externo para defender su soberanía y que la relación con Estados Unidos es histórica y no cambiará por este episodio. Consultado por una eventual reacción, dijo que el Gobierno debía evaluarla y que “no descarto nada” hasta que termine esa evaluación.
Si bien Judd matizó después sus palabras —sostuvo que habían sido “sacadas de contexto”— la presión sobre el canciller para que envíe una carta de protestas ha aumentado, mientras que en el oficialismo ven con preocupación la imposibilidad de cerrar el flanco por el Estrecho de Magallanes.
Judd vuelve a complicar a Pérez Mackenna
Si bien el canciller, a juicio de La Moneda y el oficialismo, salió fortalecido de la interpelación, el flanco volvió a instalarse tras las declaraciones de Judd. Y pese a que el ministro elevó su tono, en la oposición se ha intensificado la petición de institucionalizar el reproche con una carta de protesta.
Este jueves, Pérez Mackenna fue consultado directamente por esa posibilidad, pero evitó referirse al instrumento de reproche. Insistió en que el Estrecho “fue, es y será siempre chileno”, sostuvo que la integridad territorial no es materia de transacciones, afirmó que el resto de los temas se verán a su debido momento y no precisó qué criterio usará el Gobierno para decidir si se envía o no una nota de protesta.
El reproche, en todo caso, sí llegó desde la Presidencia del Senado.
La mesa de la Cámara Alta, integrada por la presidenta Paulina Núñez (RN) y el vicepresidente Iván Moreira (UDI), emitió un comunicado en que afirma que “la soberanía de nuestro país no está en discusión” ni depende del respaldo de ninguna nación extranjera.
El texto valora la cooperación internacional frente a desafíos comunes, pero plantea que apoyo y soberanía no deben confundirse.
Se trata de una declaración inédita, según califican voces entendidas de la dinámica de la Cámara Alta.
Además de ese texto, el senador Moreira (UDI) ahondó en su crítica al embajador y le exigió mejorar el trato con Chile para poder negociar. “Cuando se habla de negociaciones con Chile en todo orden, lo primero que se debe negociar es el buen trato de quien negocia con nosotros y él nos ha dado un muy mal trato”, afirmó.
El vicepresidente del Senado agregó que “el respeto mutuo debe ser el primer punto de acuerdo junto con la no injerencia en nuestros asuntos internos”, y emplazó al Gobierno a “actuar con mayor firmeza porque estas actitudes pueden sentar un pésimo precedente para que otros embajadores se sientan con las atribuciones para tener injerencia en nuestra política interna”.
Tensión ante posible “evento crítico” con Argentina
En paralelo, el Ejecutivo ha debido administrar el frente con Argentina.
Este jueves, tras participar en Curaco de Vélez en la conmemoración de los 147 años del combate naval de Angamos, el ministro Barros llamó a la prudencia ante una información difundida por radio Biobío.
Citando fuentes anónimas de inteligencia, el medio reportó que el buque Danstar, de 72 metros de eslora, bandera chilena y de la empresa Easter Island Logistics, podría sufrir un incidente en su ruta hacia Malvinas, en el marco del inicio de su servicio marítimo al territorio insular.
En el peor escenario, según esas fuentes, la nave podría ser interceptada o capturada por fuerzas argentinas al ingresar a las 12 millas del mar territorial de ese país. El viaje, con alimentos y provisiones, está previsto para fin de año desde Magallanes.
Barros afirmó que, de todo barco que sale del Estrecho, “su navegación no puede ser restringida ni condicionada por nadie”.
Y aunque reconoció que los convenios internacionales permiten inspecciones por eventuales elementos prohibidos, subrayó que Chile mantiene relaciones cordiales con Argentina y descartó escoltar la embarcación, porque no existe antecedente que lo justifique.
El tono, sin embargo, subió en el Congreso.
El diputado republicano Álvaro Carter, presidente de la comisión de Defensa, sostuvo que “Chile no puede renunciar a su derecho soberano de establecer relaciones con el país que desee”.
Y añadió que, si Argentina no permite el paso del buque que saldrá desde Punta Arenas hacia las Islas Falkland/Malvinas, “estaría incumpliendo convenciones y tratados”.
Según Carter, esos instrumentos serían la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que garantiza el paso de buques de cualquier bandera, y el Tratado de Paz y Amistad de 1984 con Chile, por el que Argentina se comprometió a respetar la navegación expedita hacia y desde el Estrecho de Magallanes.
Su par republicano Luis Fernando Sánchez apuntó que el derecho a realizar actividades económicas está reconocido en la Constitución y el Estado “no puede entrar a cuestionar con quién mantiene relaciones económicas comerciales empresas privadas”.
Para el diputado, “esto es una relación entre empresas privadas”, y espera que ese principio sea respetado sin cuestionamientos ni obstáculos.
