El Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias notificó al Consejo de Defensa del Estado (CDE) que la actual normativa no permite que los parlamentarios contraten asesorías externas de carácter verbal, consigna La Tercera.
Esto, luego de que el organismo estatal solicitara al consejo resolutivo pronunciarse respecto a la legalidad de este tipo de asesorías externas antes de tomar una decisión sobre si hacerse parte o no de la investigación penal en contra del ex ministro Jorge Insunza que lleva adelante el departamento de Alta Complejidad de la Fiscalía Metropolitana Oriente por asesorías de sociedades vinculadas al ex parlamentario.
El oficio que fue remitido en noviembre por el CDE se solicitó la información “sobre la procedencia de las asesorías parlamentarias verbales pagadas por la Cámara de Diputados, con la finalidad de determinar si ese servicio intervendrá en la investigación penal seguida por la Fiscalía de Alta Complejidad de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente”.
Ante esto, el consejo resolutivo respondió que “la normativa de asignaciones parlamentarias no permite la realización de asesorías verbales, por cuanto toda asesoría debe encontrarse respaldada, sea a través de los informes que se encuentren asociados a las mismas, o bien mediante el respectivo reporte en un formulario en el que se detallen las actividades de asesoría efectuadas por el asesor, este último incorporado a partir de agosto de 2015”.
La postura del consejo sería clave para las investigaciones penales, ya que desestiman los argumentos que algunos parlamentarios y asesores externos han entregado para justificar contrataciones.
