Este martes, el Consejo de Defensa del Estado presentó en el Juzgado de Garantía de Punta Arenas una querella por los delitos de malversación de caudales públicos y lavado de activos contra 17 funcionarios y ex funcionarios de Carabineros y contra quienes resulten responsables de dichos ilícitos, en el polémico fraude revelado días atrás.
La institución investiga a un grupo de funcionarios y ex funcionarios que habrían defraudado al Estado por más de $7 mil millones, entre los años 2011 y 2015.
A cargo de la defensa fiscal en este caso están el abogado consejero del CDE e integrante del Comité Penal del Organismo, Daniel Martorell, y el abogado procurador fiscal de Punta Arenas, Dagoberto Reinuava.
“Prescrito”
Esta mañana, el contralor general de la República, Jorge Bermúdez, afirmó que este fraude “administrativamente está prescrito”, porque hay una norma que establece que la responsabilidad administrativa al interior de esa institución dura solo seis meses.
Bermúdez dijo que, a diferencia de lo que ocurre en Carabineros, en las Fuerzas Armadas la responsabilidad administrativa se extiende por un año y que en el resto del aparato administrativo estatal dicha responsabilidad es por cuatro años.
