Pese a la controversia, nunca se desmintió que el 5% adicional de cotización, que representó una discusión entre los ministerios de Hacienda y Trabajo, no estaría destinado a las AFPs.
Sin embargo, al ser una materia tan delicada, aún hay “paño que cortar” en esta materia, pese a que ya se le entregó a la Presidenta Bachelet un reporte respecto de las pensiones.
Fueron 7 meses, que se plasmaron finalmente en un informe de 30 hojas. Y en ese período de tiempo no se logró un acuerdo entre el Ejecutivo y la oposición. “Por esfuerzo no nos quedamos (…). Quiero valorar que aunque no logramos un acuerdo transversal tuvimos un proceso de convergencia muy importante. Pero hay que ser realistas, llegar a un acuerdo transversal era muy difícil”, indicó el ministro Rodrigo Valdés, quien luego aclaró que “nunca estuvo en la idea construir un proyecto de ley a partir de la mesa” que se estableció para discutir el tema.
Según La Tercera se espera que se envíe un proyecto, por lo que sólo faltaría que la Presidenta decida algunos puntos sobre los que no hay aún unanimidad, como el aumento de la edad de jubilación.
Sin embargo, el problema del 5% continúa vigente, y se afirma que las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), las que habrían comenzado a consultar con expertos sobre la constitucionalidad de este tema. Las dudas apuntan a que este incremento de la cotización podría operar como un impuesto, al no ser recursos heredables que no pertenecerían a los aportantes, sino que al Estado, los que estarían destinados a una finalidad específica, como el aumento en el monto de las pensiones.
Esto podría vulnerar el principio de la no afectación tributaria que está establecido en el artículo 19 de la Constitución, que afirma que todos los tributos que ingresen al Estado quedarán en el presupuesto de la nación y no podrán tener un fin determinado.
