Una de las principales complicaciones que ha tenido el Ministerio Público en el denominado caso Caval ha sido determinar el destino de las ganancias obtenidas por la empresa en sus múltiples negocios. Así lo dejó claro la fiscal adjunta Marcia Allendes, quien en la audiencia del pasado 23 de junio, donde se discutió el sobreseimiento de Sebastián Dávalos, señaló que “a Caval le pagaron más de $1.000 millones y ese dinero no está… no está”.
Esto debido a que dicha información no está en los balances de la sociedad, ni tampoco en las cuentas corrientes de sus dueños, Natalia Compagnon y Mauricio Valero. “Debido a la intrincada forma como trabajaba Caval, ha sido bastante difícil determinar la trazabilidad del dinero, ha sido difícil seguir la huella en términos de impuestos y pagos”, agregó Allendes.
En dicha instancia, según revela el diario La Tercera, la persecutora leyó el testimonio de Marcelo Carreño, quien fue el gerente de administración y financias de la cuestionada firma: “Quiero referir que Natalia Compagnon llegaba y me decía ‘me conseguí plata con mis tíos’, no recuerdo si el dinero ingresaba a Caval. Un día llegó con $100 millones en efectivo. El 12 de agosto de 2014. No sé con quién se consiguió esa plata. Me recuerdo el día, porque fue el día que era el gran robo del siglo en el aeropuerto”, agregó.
Carreño, de profesión contador auditor, trabajó en la cuestionada empresa desde su creación, en 2012, hasta 2015, cuando se reveló el polémico negocio de Machalí. Era cercano a Mauricio Valero, fue dueño de la empresa SCR S.A., ligada a Caval, y a través de la que se hicieron trabajos para la compañía CCU, como la regularización de los permisos de la planta de Quilicura.
La fiscal sostuvo que “uno de los negocios más grandes que tenía Caval era con CCU (pero) no lo hizo a través de Caval, lo hizo a través de otra empresa, de la empresa de la persona que se dedicaba a su contabilidad, Marcelo Carreño”.
Durante la investigación, Allendes, precisó que “nos hemos topado con diferentes libros de contabilidad que no están y documentos de contabilidad que deben ser reconstituidos por peritos”, y aún está pendiente la declaración de Compagnon y Valero sobre el destino de los fondos. “Estas indagaciones de carácter patrimonial han significado ir mucho más allá del simple alzamiento del secreto bancario para rastrear los fondos y el curso real de los dineros ganados por la sociedad”, agregó.
