El pasado viernes, el ministro del Tribunal Constitucional, Domingo Hernández, fue agredido cuando abandonaba la sede del organismo por parte de manifestantes que estaban a favor del proyecto de aborto en tres causales. Ante esto, debió ser escoltado por Fuerzas Especiales, mientras que el resto de los ministros dejó el TC en un vehículo de Carabineros.
Ante esto, el Ministerio del Interior presentó una querella por el delito de atentado contra la autoridad, la que fue acogida por el juez Cristián Sánchez Rivera del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.
Pese a que la acción judicial contemplaba el delito de desórdenes públicos, el magistrado resolvió que las manifestaciones de los “movimientos pro causales de aborto como sus detractores” en las inmediaciones del TC “son parte del ejercicio del derecho a la libertad de expresión y reunión, de las que no se observa hipótesis alguna de grave turbación a la tranquilidad pública por cuanto las mismas son propias del ejercicio de garantía (…) más no así la violencia concreta a uno de los miembros del Tribunal”.
