Este jueves, el grupo de carabineros y civiles acusados falsamente de tráfico de drogas por la Fiscalía en el llamado caso OS7 de Arica -por el que pretendían imponer una sentencia de 40 años de privación de libertad para los funcionarios policiales involucrados en este hecho- presentaron una millonaria e histórica demanda contra el Ministerio Público.
En 2015, todos los involucrados fueron absueltos por estos hechos ocurridos dos años antes y los carabineros acusados se reincorporaron a sus funciones, luego de que el Tribunal Oral y la Corte de Apelaciones de Arica desecharan el juicio apuntando a una “torcida investigación” por parte de la Fiscalía.
Las indagatorias fueron llevadas adelante por la fiscal regional de Arica, Javiera López, quien intentó acreditar que los funcionarios policiales habrían planificado en dos oportunidades la internación de dos cargamentos de droga al país para posteriormente montar procedimientos de incautación flagrantes y con apariencia de legalidad en la frontera.
De acuerdo a la investigación de la Fiscalía, estos habrían elaborado partes policiales falsos y realizado entregas controladas de droga sin la autorización de ese organismo, lo que fue descartado por el tribunal al estimar que las pruebas exhibidas no lograban establecer la participación de los imputados en los delitos descritos en la acusación fiscal, cuestionando el actuar de los investigadores.
El grupo es representado por el abogado Giorgio Marino, siendo la mayor acción civil intentada nunca antes contra el Ministerio Público, exigiendo casi mil millones de pesos.
