A través de un documento de seis páginas, el Partido Comunista (PC) justificó ante el Servicio Electoral (Servel) la venta de un conjunto de propiedades a Progreso SpA., sociedad de inversiones constituida por un militante de la tineda, el que se concretó en octubre del año pasado.
Según explicaron, esto se realizó para ajustarse a la nueva Ley de Partidos que exige utilizar dos tercios de sus propiedades con fines a la actividad partidaria. Sin embargo, el que se haya vendido a una firma creada y administrada por militantes y que, además, el valor pactado, que alcanzó los $3.086 millones en cuotas a 10 años plazo, fuese similar al avalúo fiscal y no al precio comercial generó sospechas.
A raíz de esto último es que el Servel investiga si la venta se ajustó a la norma vigente, puesto que el artículo 45 de la Ley de Partidos políticos consigna queno podrán celebrar contratos onerosos en condiciones distintas a las del mercado.
Es por eso que el abogado del partido, Manuel Luna, se presentó ante el organismo, donde explicó las dos razones por las cuales se consideró el avalúo fiscal como precio de compra y venta: “Una es la premura de tiempo para el cumplimiento de la normativa legal, que es la principal. Y lo otro es que habían deudas por parte de la sociedad”, consignó La Tercera.
A eso, agregó que las deudas eran difíciles de determinar en ese momento y que la cifra exacta él aún no la maneja. En tanto, y sobre la rapidez con la que se vendió la propiedad de parte del PC, Luna argumentó que la exigencia de la nueva Ley de Partidos Políticos que restringe las posibilidades de rentar sus propiedades.
Todo esto se suma a la investigación que lleva adelante la Fiscalía tras una querella penal interpuesta por el PRI el 30 de mayo.
