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El fantasma del “bencinazo” vuelve a rondar en los pasillos de La Moneda

Si bien el Gobierno se ha esmerado en instalar que el alza de los combustibles se debe al conflicto en Medio Oriente y ha anunciado medidas para contenerla, la discusión se desplaza desde el precio hacia la capacidad del Ejecutivo de conducir la respuesta. Todo, con el paro de transportistas como telón de fondo.

Con un alza de $40 prevista para este jueves, un proyecto para limitar los futuros aumentos a $20 que aún debe tramitarse y un paro camionero en las carreteras, el Gobierno de José Antonio Kast enfrenta una crisis que, según analistas, ya no se mide solo por cuánto sube la bencina.

La crisis, en todo caso, no es nueva. Se arrastra desde el 23 de marzo, cuando el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, modificó por decreto el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco) para que los precios internos siguieran con mayor rapidez al valor internacional del petróleo. El jueves 26 de ese mes, la bencina de 93 octanos subió $370 por litro y el diésel $580. 

Si bien se explicó la decisión por el conflicto en Medio Oriente y por la estrechez fiscal —y la acompañó de un plan que incluyó congelar las tarifas del Sistema RED hasta fin de año y subsidios para taxis y colectivos— La Moneda no ha logrado sacudirse de los cotos políticos. 

Kast ha defendido la decisión. En Endo aseguró conocer las consecuencias de la decisión: “Sabíamos que ese costo lo íbamos a pagar en las encuestas”, dijo, y agregó que “ante el dilema de la popularidad o responsabilidad, no nos vamos a perder”. 

Según los cálculos de Hacienda, mantener el Mepco costó $1,1 billones entre agosto y octubre, y hoy el Fisco subsidia $170 por cada litro de diésel.

En paralelo, los gremios del transporte de carga presionan por medidas. El 15 de octubre el Gobierno les presentó siete, entre ellas un indicador oficial del diésel y créditos con garantía estatal, pero no acogió su principal demanda: un recargo obligatorio por ley que traspase el alza del combustible a los fletes. Y pese al proyecto anunciado por Kast a principios de semana, el Gobierno no logró detener el paro que afecta las principales carreteras del país.

El telón de fondo es una aprobación presidencial de 29% y una desaprobación de 68%, según la última Cadem.

Reacción sin conducción definida

Para Rodrigo Arellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la UDD, “el gobierno de Kasy ha reaccionado, pero todavía no ha logrado determinar cómo conducir políticamente la crisis”.

El analista reconoce que el alza tiene causas internacionales y que el Ejecutivo anunció medidas en su momento para amortiguarla, y que ahora ha comprometido otras. Advierte, sin embargo, que el proyecto aún debe tramitarse y que, para las familias, el efecto “ya está en los bolsillos”.

A su juicio, la ciudadanía no evalúa sólo si el alza se explica por el precio internacional: también observa si el Gobierno comprende el impacto cotidiano, explica con claridad sus decisiones y se anticipa a los conflictos. 

Cuando la respuesta se concentra en explicar por qué el combustible es caro o cuánto cuesta contenerlo, dice, puede ser técnicamente correcta, pero distante de la experiencia de las personas. De ahí que el orden del mensaje importe: “Primero empatía y respuesta concreta y después contexto y comparación”.

El analista Axel Callís coincide en el síntoma, pero ubica la causa en otro lugar. En su lectura, Kast entiende su misión como “generar las mejores condiciones para que el capital fluya en Chile”, y por eso apuesta por un gabinete de perfil técnico, independiente y leal que prescinde de los partidos. De ese diseño, afirma, derivan una forma de comunicar y decisiones “inentendibles para el mundo de la política”.

Sobre la comparación de precios con otros países de la región, Arellano sostiene que puede ser defendible con ciertos datos, pero que no responde a la preocupación de la gente. Este martes,el ministro Mas dijo a T13 Radio que “nuestros combustibles, aunque no lo crean, siguen siendo baratos respecto a la región”, y calificó el tope como “una gran noticia para Chile”.

Consultado por el rol del subsecretario de Gobierno, Gonzalo Arenas, Callís relativizó que pueda ordenar el relato de los ministros: en un gabinete, dijo, “hay jerarquía y hay división de tareas y el gran déficit del Ejecutivo ha sido construir un gabinete que cante la misma canción y afinadamente”.

Para Arellano, “una crisis de precios se vuelve una crisis de conducción cuando la ciudadanía percibe que el gobierno reacciona tarde o tiene muchos voceros e interlocutores frente al problema”. 

Como ejemplo, mencionó los mensajes distintos de esta mañana de Mas, del subsecretario de Economía, Karlfranz Koehler, y del delegado presidencial Germán Codina. Aunque no cuestiona que varias carteras participen, pues “deben hacerlo”, para Arellano no quede claro quién conduce, quién negocia, quién comunica y bajo qué condiciones se aplican medidas de orden público. “Eso parece más un problema de mando y coordinación política que falta de vocero”, sostuvo.

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