El Ministerio de Salud modificó el reglamento que regula la aplicación de la ley de aborto en tres causales, con el fin de permitir que las instituciones que se declaran objetoras de conciencia puedan mantener convenios vigentes con el Estado.
La resolución del Minsal apareció este viernes en el Diario Oficial “con el fin de garantizar el acceso a las prestaciones aseguradas“.
Al respecto, la vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, dijo que “se establece que existen instituciones que pueden acogerse a la objeción de conciencia para no practicar aborto en estas tres causales, pero, si así lo hacen, a todas aquellas mujeres que deseen practicarse un aborto aduciendo estas tres causales, se les deben hacer cumplir el protocolo correspondiente”.
“Este dice relación con derivaciones a otras instituciones de salud donde sí puedan, en tiempo concreto, acogerse a esta solicitud, con los respectivos gastos que esto implique, por parte de la misma institución que se acoge a la objeción de conciencia”, agregó.
Desde ahora, todas las instituciones privadas de salud podrán invocar a la objeción de conciencia independiente de si tienen o no convenios con el Estado o si reciben recursos de este. Además, aquellas instituciones que invoquen a objeción seguirán recibiendo financiamiento estatal.
A pocas horas de conocerse este nuevo protocolo, la Pontificia Universidad Católica desistió de un recurso de protección que había interpuesto el 8 de febrero pasado, el que pedía que este protocolo fuera declarado “ilegal” y así evitar que el reglamento que regula la objeción de conciencia personal e institucional en casos de interrupción del embarazo se implementara definitivamente.
“La decisión la toma la Universidad Católica después de conocer el nuevo protocolo que publicó hoy el Diario Oficial y que a juicio de la casa de estudios recoge nuestras observaciones”, explicaron desde la casa de estudios a La Tercera.
