“Artículo 1°.- Exímanse de toma de razón los actos administrativos que conceden indultos.”
De esta forma, la Contraloría General de la República validó desde este lunes que el Poder Ejecutivo pueda indultar personas condenadas por todo tipo de delitos, incluidos los de lesa humanidad, sin examinar que se cumplan todas las normativas que permiten facultar al Presidente para concederlo.
En la edición de este lunes, el Diario Oficial publica en su sección de Normas Generales un dictamen que “exime temporalmente de toma de razón los actos administrativos que conceden indultos”.
De esta forma, el máximo órgano de control administrativo del país, resolvió otorgar este privilegio al ejecutivo desde el 15 de mayo de 2018 hasta el 15 de mayo de 2019.
En sus argumentos, el contralor general Jorge Bermúdez estima que la tramitación de los indultos ha dejado de ser “esencial”. Considera para esto que “un correcto ejercicio de las potestades de control, considerando los recursos disponibles para la fiscalización de todos los órganos que integran la Administración del Estado, exige priorizar y revisar las materias consideradas esenciales por el Contralor General”.
Sostiene que en los últimos años los indultos otorgados “se han ajustado al marco normativo, sin haberse formulado observaciones de relevancia”.
Lo anterior, indica Bermúdez en su resolución “se ha estimado procedente adoptar como medida temporal, el eximir del control preventivo de legalidad los actos administrativos sobre la materia indicada”.
Reitera que dicha decisión se ha adoptado en razón de principios de eficacia, eficiencia y economicidad, que obligan a racionalizar el uso de los recursos humanos destinados al ejercicio de dicha potestad de control, privilegiando los controles de reemplazo”.
Entre 2012 y 2018, se otorgaron un total de 18 indultos a reclusos de diversos penales del país.
Cabe recordar que hace unos meses, los internos de Punta Peuco, todos condenados por crímenes de lesa humanidad (secuestro, homicidio y torturas) que han sido rechazados para este beneficio, dieron a conocer una carta donde criticaron en duros términos a la Presidenta Michelle Bachelet, calificando que no se les concede indulto por “venganza” y “discriminación”.
Raúl Meza, abogado de varios criminales condenados por violaciones de los Derechos Humanos, criticó el beneficio otorgado por la Mandataria a un reo común, de Alto Hospicio, que se encontraba en estado vegetal. “…Evidencia y comprueba el espíritu de inagotable venganza y de discriminación arbitraria que siempre inspiraron sus decisiones al negarles el indulto presidencial a cinco reos de Punta Peuco”, alegó Meza.
