El Premio Nobel de Medicina 2026 ofrece una imagen poderosa para pensar en el futuro de Chile. Karl Deisseroth, Peter Hegemann y Georg Nagel fueron reconocidos por los descubrimientos que hicieron posible la optogenética, una herramienta que permite controlar con luz la actividad de determinadas neuronas y estudiar su función. Parte de esta historia comenzó con una pregunta aparentemente distante de las urgencias tecnológicas: ¿cómo logra un alga unicelular orientarse hacia la luz?
El estudio de sus proteínas fotosensibles abrió el camino a una tecnología que transformó la investigación del cerebro. Hoy permite explorar los circuitos que intervienen en la memoria, las emociones y el comportamiento. Su importancia ilustra cómo una pregunta fundamental puede ampliar, años después, las posibilidades de comprender las enfermedades. También recuerda que el valor del conocimiento existe antes de que podamos anticipar sus aplicaciones.
Esta historia contrasta con las decisiones que se toman en Chile. Mientras el mundo reconoce el alcance de la investigación básica, el proyecto de Presupuestos 2027 reduce los recursos de la partida de Ciencia de $588.756 millones a $545.355 millones respecto de 2026. Son $43.401 millones menos, lo que representa una caída nominal del 7,4%. La propuesta todavía debe discutirse en el Congreso, pero ya constituye una señal preocupante sobre el lugar del conocimiento en las prioridades de Estado.
El análisis comparativo de las asignaciones permite comprender la profundidad del ajuste. ANID pierde 7,2% de sus recursos. Fondequip, destinado al equipamiento científico y tecnológico, cae 81,2%; el programa de inserción de investigadores, 47,8%; Fondef, que apoya el desarrollo tecnológico, 20,3%; y el Programa de Investigación Asociativa, 23,4%. Los centros regionales retroceden 10,3%, las becas nacionales de postgrado 2,3% y Becas Chile 8%. Todas estas variaciones son nominales: todavía no consideran la pérdida de poder adquisitivo por la inflación.
Es necesario reconocer que Fondecyt aumenta en un 2% nominal. Sin embargo, la investigación depende también de la infraestructura, del equipo humano, de la colaboración y de las oportunidades para desarrollar sus resultados. Sostener un fondo mientras esas condiciones se debilitan no garantiza la continuidad del sistema. Además, una menor asignación presupuestaria no implica automáticamente una reducción idéntica del número de proyectos o becas; corresponde exigir información sobre cómo se ejecutarán los ajustes y qué capacidades quedarán comprometidas.
Las consecuencias alcanzan a toda la sociedad. Menos recursos para equipamiento amplían las brechas de capacidad para participar en la generación de conocimiento global frente a los países desarrollados. Reducir la inserción de investigadores estrecha las oportunidades de incorporar a universidades, instituciones públicas y empresas a personas cuya formación ha requerido años de esfuerzo. Debilitar los centros regionales arriesga ampliar las desigualdades territoriales en la producción y en el acceso al conocimiento.
Como investigador biomédico, conozco cuánto depende el tránsito del laboratorio a los pacientes de equipos estables, de infraestructura y de apoyo sostenido. Lo mismo ocurre cuando buscamos agregar valor al cobre y al litio, enfrentar la escasez hídrica o desarrollar inteligencia artificial. Recortar estas capacidades puede retrasar las soluciones y profundizar nuestra dependencia tecnológica. La cooperación internacional es indispensable, pero requiere capacidades propias para que el conocimiento generado se traduzca en bienestar y para que una parte decisiva del valor y de las decisiones permanezca en Chile.
El desarrollo debe medirse por la calidad de vida que posibilita: la salud, la calidad del trabajo, la protección de los territorios y las oportunidades para las nuevas generaciones. Por ello, la ciencia debe reconocerse como un bien público y un derecho social. Su financiamiento concierne tanto a quienes investigan como a los ciudadanos que necesitan respuestas y tienen derecho a participar de sus beneficios.
La responsabilidad fiscal es una obligación. Evaluar los programas, corregir deficiencias y establecer prioridades también lo es. Pero esas prioridades deben construirse con evidencia, participación y una perspectiva a largo plazo. La investigación fundamental necesita libertad para formular preguntas cuyo resultado nadie puede garantizar; las políticas orientadas a problemas nacionales requieren una base científica amplia que las haga posibles. Ambas tareas se refuerzan.
El Gobierno y el Congreso tienen la oportunidad de revisar estos recortes, transparentar sus fundamentos y proteger las capacidades más expuestas. Chile necesita una trayectoria de inversión estable, con compromisos públicos y privados, una evaluación rigurosa y objetivos vinculados al bienestar de su población. Las capacidades construidas durante décadas pueden perderse rápidamente, y recuperarlas exige mucho más que restituir una cifra al año siguiente.
El Nobel nos recuerda que el futuro también nace de preguntas cuyo alcance desconocemos. Un país que aspira al desarrollo debe darles espacio y continuidad. La decisión presupuestaria que tenemos por delante definirá cuánto estamos dispuestos a invertir en esa posibilidad y cuánta dependencia aceptaremos dejar a las próximas generaciones.
