En fallo unánime, la Tercera Sala de la Corte Suprema rechazó los recursos de protección presentados por un grupo de funcionarios y ex funcionarios de Gendarmería en contra de la Controlaría por la “dictación ilegal y arbitraria del dictamen de junio de 2016”.
A través de este documento se desestimó las solicitudes de reconsideración de los montos de las pensiones recibidas.
Este grupo lo integra Myriam Olate, quien iba a recibir una pensión de 5,6 millones de pesos, pago que fue objetado e invalidado por el ente contralor.
En abril del año pasado, Olate y los otros funcionarios recurrieron a la Corte de Apelaciones, quien ordenó la restitución del beneficio.
Sin embargo, ahora fue el máximo tribunal el que rechazó los recursos de protección presentados, de modo que las pensiones serán pagadas con un monto máximo de 60 UF, al desestimar la vulneración del derecho a la propiedad alegada por los funcionarios.
