Contraloría emitió un informe en abril pasado donde revisó la gestión de la Secretaría General de Gobierno cuando Paula Narváez era la vocera de La Moneda, entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2017.
En el documento se da cuenta de irregularidades en la contratación de funcionarios a honorarios, específicamente de tres personeros de la Región de Valparaíso, que prestaron servicios cuando eran precandidatos parlamentarios.
Según consignó La Tercera, se trata de Mario Fuentes Romero, gobernador de Petorca hasta el 2014, cuando renunció para ser candidato a diputado en 2016. Sin embargo, en enero de 2017 fue contratado por 10 millones de pesos para prestar funciones en el gabinete del subsecretario General de Gobierno. A él se suman René Lues Escobar y Ricardo Bravo Oliva.
A esto se suma el uso de la imprenta de la Secretaría General de Gobierno para imprimir afiches y documentos que no guardan relación con el ministerio. Así, se constató la impresión de 2.300 afiches relacionados con el movimiento No+AFP y del Club Social y Deportivo Colo Colo contra Blanco y Negro.
Junto con ello, se cuestionó “el otorgamiento de feriados legales y días administrativos a personas contratadas a honorarios en cuyos contratos no se estipula una jornada diaria de trabajo y respecto de quienes, además, la entidad no lleva un control de asistencia”, a lo que se sumó la falta de fiscalización de las licencias médicas.
Ante estas situaciones, el ex subsecretario Omar Jara recalcó que se tomaron las medidas respectivas y fueron informadas en su momento a Contraloría.
Jara aseguró que se está usando el informe con fines políticos, ya que fue “filtrado” desde la propia Secretaría General de Gobierno para perjudicar a Paula Narváez, quien es sindicada como eventual presidenciable de cara a 2022.
