La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, es enfática: Michelle Bachelet no puede tener una fundación en Chile y, a la vez, ser comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
“No le queda otra salida, según las reglas de la ONU, ella tiene que renunciar a todo en Chile”, dijo Matthei a La Tercera, argumentando además que la ex Mandataria menos puede recibir fondos del Estado de Chile para financiar la recién lanzada fundación Horizonte Ciudadano.
Según la legislación de la ONU, “ningún miembro del staff aceptará honores, condecoración, favores, regalos o remuneración de ningún gobierno”. Bachelet recibió entre abril de 2010 y marzo de 2014, y a partir de marzo de 2018, una dieta como expresidenta que corresponde hoy a $ 9.349.851 mensuales, a los que se suma $ 1.733.296 por concepto de transporte y alrededor de $ 8.000.000 al mes para gastos de oficina, los que son destinados a su fundación.
Para Matthei esos dineros no son el único punto que contraviene las normas de la ONU. Bachelet también estaría ante un potencial conflicto de interés por el solo hecho de mantenerse ligada a su fundación.
El reglamento de la ONU define un conflicto de interés cuando “por acción u omisión, los intereses personales de un miembro del personal interfieren con el desempeño de sus deberes y responsabilidades oficiales o con la integridad, independencia e imparcialidad requeridas”, dice.
“El tema es que ella no puede tener ningún vínculo con la fundación. Porque resulta que hay un informe de las Naciones Unidas sobre el Sename. En ese informe se habla de 878 niños muertos, de apremios e incluso de torturas por parte de agentes del Estado en contra de niños”, explicó Matthei.
“Pasa que la fundación de ella va a investigar, entre otras cosas, infancia y derechos humanos. Por lo tanto, ella va a estar viendo en Chile infancia y derechos humanos, mientras tanto como alta comisionada podría tener que pronunciarse sobre esto. Hay un conflicto de interés brutal, aunque no recibiera ni un peso”, indicó.
Desde Horizonte Ciudadano respondieron a La Tercera que la ex Mandataria ya enfrentó estos mismos cuestionamientos cuando estaba en ONU Mujeres, pero entonces consultó la situación al organismo internacional.
La ONU autoriza que sus funcionarios reciban pensión de sus países de origen pero no un sueldo.
La Constitución de Chile en sus artículos 30 y 62 señala que los exjefes de Estado reciben “como única renta una dieta equivalente a la remuneración de un ministro de Estado”. En ninguna parte se señala que esto constituya una pensión.
