La Moneda recibió de los estados bancarios de la administración de Michelle Bachelet, informe elaborado por el Consejo de Auditoría Interna General del Gobierno (CAIGG).
Según el informe dado a conocer por El Mercurio, el que recogió datos al 28 de febrero de 2018, un cuarto de las cuentas bancarias de organismos públicos estaría “descuadrado” y detectó además $4,2 billones (millones de millones) por concepto de “cuentas por cobrar” que no han sido recuperados por el Estado.
Desde el Gobierno acusaron falta de prolijidad y tildaron la situación de “gravísima”. La vocera Cecilia Pérez, señaló que “las cifras son preocupantes, quedaron cuentas sin rendir, miles de millones de pesos se gastaron y no existe la conciliación correspondiente, existen sumarios abiertos sin la tramitación de rigor, lo que señala que hubo un desorden imperdonable“.
Por su parte, desde Chile Vamos desaprobaron la situación: “No cabe duda de que se trata de un desorden, casi un despelote. Lo que hay que ver ahora es si eso constituye algún tipo de irregularidad”, señaló la presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe.
Su par de RN, Mario Desbordes, sostuvo que aún hay que investigar y determinar si existió intención de “favorecer a algún sector”. En misma línea, el presidente de Evópoli, Hernán Larraín Matte, manifestó que debían respetarse los sumarios en desarrollo y destacó la situación como una “muy delicada y grave”.
